Este 1 de abril, Colombia estrenó un nuevo modelo de pasaporte. El acto fue presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro como un hito: por primera vez desde hace casi dos décadas, el Estado recupera el control sobre la producción de su documento de viaje más sensible.
Sin embargo, el camino hasta aquí estuvo marcado por una cadena de alertas de organismos de control que el Gobierno ignoró y una demanda judicial que amenaza con tumbar el modelo antes de que termine de consolidarse.
La «soberanía de los datos»: el argumento que lo impulsó todo
El origen de este cambio se remonta a 2023, cuando el entonces canciller Álvaro Leyva suspendió el contrato con Thomas Greg & Sons —empresa que manejó la producción de pasaportes durante casi dos décadas— argumentando que la licitación no garantizaba condiciones de transparencia ni de libre competencia.
Desde entonces, el gobierno de Petro impulsó un viraje: primero mediante un memorando de entendimiento y luego a través de un acuerdo formal entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, con el objetivo de transferir tecnología y capacidades al Estado colombiano.
La bandera que agitó Petro fue la soberanía sobre los datos de los ciudadanos. El mandatario ordenó la transferencia de bases de datos de ciudadanos desde empresas privadas a la Imprenta Nacional, con el fin de fortalecer la seguridad de la información.
El argumento central: los datos biométricos e identitarios de los colombianos no deben estar en manos de privados con fines comerciales. En ese mismo discurso, Petro cruzó la discusión con sus denuncias de fraude electoral, vinculando la tercerización de los pasaportes con la opacidad en el preconteo de votos.
Las alertas que el Gobierno ignoró
El problema es que esa bandera se izó sobre una base contractual cuestionada desde el principio. La Procuraduría concluyó que la celebración y ejecución del convenio con Portugal representó un riesgo para el patrimonio público, señalando que el proceso de adjudicación estuvo marcado por graves y sucesivas irregularidades: la Cancillería optó por la contratación directa, prescindiendo de la licitación pública que correspondía por la magnitud y naturaleza del contrato.
Las críticas no se quedaron en lo procedimental. El procurador delegado para la vigilancia de la función pública, Marcio Melgosa, calificó el proceso como un «compendio de improvisaciones», señalando debilidades desde la estructuración del acuerdo hasta su ejecución.
La Contraloría General también alertó sobre posibles retrasos, riesgos financieros y falta de claridad en el cronograma de transición. Adicionalmente, la Procuraduría alertó que la Imprenta Nacional no disponía ni de la capacidad ni de la infraestructura necesarias para implementar el convenio, lo que llevó a la subcontratación de un tercero.
En ese mismo contexto, la Procuraduría confirmó además la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años al excanciller Álvaro Leyva por irregularidades relacionadas con la licitación de pasaportes.
El enredo contractual: ¿Qué viene y cómo vendrá?
Ante las alertas, el Gobierno no detuvo el proceso, sino que aceleró. Cuando el contrato vigente con Thomas Greg & Sons estaba por expirar, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores firmó un nuevo contrato de $161.290 millones con la firma, bajo la figura de urgencia manifiesta, para garantizar la producción entre septiembre de 2025 y abril de 2026 mientras la transición se completaba.
Ahora, la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, explicó que la producción inicial se realizará en Portugal y que Colombia asumirá la fabricación integral en un plazo de hasta 10 años, conforme avance la transferencia tecnológica.
El proceso está previsto en cuatro fases: la primera incorpora ensamblaje y numeración; la segunda, producción de páginas interiores y contracarátulas; y la cuarta y última habilita la producción completa de la página de datos, cerrando el ciclo de fabricación en el país.
El nuevo pasaporte incorpora lectura mecánica y electrónica encriptada, microchips de última generación, fotografía fantasma, tintas metálicas y microtextos.
El pasaporte actual seguirá siendo válido hasta su fecha de vencimiento, sin necesidad de renovación anticipada.
Lo que sí cambia de fondo es el modelo: a partir de ahora, la Casa de la Moneda de Portugal fabricará las libretas y la Imprenta Nacional de Colombia será la encargada de su personalización y posterior entrega, en un periodo de transición que le permitirá al Estado adquirir la infraestructura y la tecnología necesarias para asumir el servicio de forma directa.
