En el marco del 9° Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos 2026, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, presentó un balance sobre los avances, retos y proyecciones del sector portuario en Colombia, con énfasis en la necesidad de mejorar la competitividad, modernizar la regulación y fortalecer la integración territorial de estas infraestructuras.

Durante su intervención, la ministra destacó la presencia de representantes del sector portuario comprometidos con el desarrollo del país. Señaló que este tipo de espacios permite articular esfuerzos orientados a mejorar las condiciones operativas de los puertos, optimizar los costos logísticos y consolidar una visión integral sobre su impacto en los territorios. En ese sentido, subrayó la importancia de reconocer no solo el papel de los puertos en la productividad nacional, sino también su influencia en el entorno urbano y en la relación con las comunidades donde operan.

En materia de costos logísticos y eficiencia operativa, Rojas afirmó que el Ministerio de Transporte ha implementado diversas medidas para reducir las dificultades en la operación portuaria. Uno de los casos más relevantes es el de Buenaventura, donde históricamente se han presentado problemas de eficiencia. Según explicó, las acciones adoptadas han buscado corregir prácticas que generaban retrasos y sobrecostos, logrando una operación más ágil y productiva. Estas medidas han sido coordinadas con la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Puertos, entidades que han acompañado las intervenciones mediante visitas técnicas y decisiones conjuntas en el territorio.

¿Qué estaría afectando los modelos comerciales en Colombia?

La ministra también hizo énfasis en el rezago normativo del sector transporte en Colombia. Indicó que actualmente coexisten marcos regulatorios de distintas épocas, algunos con más de dos décadas de antigüedad, lo que dificulta la implementación de modelos eficientes acordes con las dinámicas actuales del comercio. En el caso del transporte ferroviario, mencionó que la legislación vigente tiene cerca de un siglo, lo que evidencia la necesidad de una actualización profunda. Frente a este panorama, aseguró que el Gobierno ha adelantado esfuerzos para modernizar la normativa y alinearla con las condiciones del siglo XXI.

No obstante, reconoció que aún quedan tareas pendientes, como la revisión integral de la ley de puertos. Aunque este proceso no fue planteado como una meta central del actual Gobierno, consideró que será fundamental para futuras administraciones, en la medida en que permitirá fortalecer la competitividad del sector portuario colombiano.

En relación con el comercio exterior, Rojas destacó avances en el equilibrio de la balanza comercial. Explicó que el Gobierno ha promovido una mayor correspondencia entre las cargas que ingresan y salen del país, con el objetivo de favorecer una balanza más equilibrada. Al analizar las cifras de los principales puertos, señaló que, en la mayoría de los casos, la relación entre importaciones y exportaciones tiende a acercarse a un equilibrio cercano a uno a uno. Sin embargo, destacó que Buenaventura presenta un comportamiento distinto, con una proporción de dos a uno en favor de las exportaciones, lo que refleja su papel estratégico como punto de salida de mercancías.

La ministra relacionó estos resultados con la apuesta del Gobierno por reactivar la red ferroviaria nacional. Indicó que la recuperación del sistema férreo busca facilitar el transporte de carga desde el interior del país hacia los puertos del Caribe y del Pacífico, fortaleciendo así la vocación exportadora de Colombia. Este enfoque, según explicó, contrasta con modelos anteriores que privilegiaban una lógica más orientada a la importación.

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En ese contexto, resaltó que la reactivación ferroviaria constituye uno de los ejes estructurales de la política de transporte, en la medida en que permite diversificar los modos de movilización de carga y reducir la dependencia del transporte por carretera. Asimismo, señaló que este proceso contribuirá a mejorar la competitividad logística del país en el mediano y largo plazo.

¿Cómo han sido los avances de las concesiones para los proyectos portuarios?

Hacia el cierre de su intervención, Rojas se refirió a los avances en materia de concesiones portuarias y de infraestructura. Indicó que el Gobierno ha mantenido un trabajo articulado con las sociedades portuarias, especialmente en la evaluación de solicitudes de nuevas concesiones y prórrogas de las existentes. Reconoció que el tiempo restante de la actual administración es limitado, pero aseguró que se están priorizando decisiones que permitan dejar encaminados proyectos estratégicos para el sector.

En este proceso, destacó el acompañamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la participación de sus equipos técnicos y jurídicos. Además, anunció que se realizarán visitas individuales a distintos puertos con el fin de avanzar en la revisión de proyectos y en la toma de decisiones.

La ministra reiteró el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del modelo concesional, siempre bajo el cumplimiento de los requisitos legales y los procedimientos establecidos. Señaló que estas iniciativas son fundamentales para dinamizar la economía y promover un mayor movimiento en el sector logístico.

Sin embargo, enfatizó que el desarrollo portuario debe evolucionar hacia un modelo que integre de manera efectiva el crecimiento económico con el bienestar social y la sostenibilidad ambiental. En ese sentido, planteó la necesidad de que los beneficios generados por los puertos se reflejen en mejoras concretas para las comunidades y las ciudades donde se ubican estas infraestructuras.

Como referencia, mencionó el caso de ciudades cuya dinámica económica gira en torno a su actividad portuaria, donde los ingresos derivados de esta actividad se traducen en desarrollo urbano y social. Aunque reconoció las diferencias estructurales entre estos contextos y el colombiano, insistió en la importancia de avanzar hacia un esquema en el que la actividad portuaria tenga un impacto positivo más amplio.

Finalmente, Rojas destacó que uno de los principales avances del Gobierno en materia de concesiones ha sido la incorporación de criterios más estrictos en sostenibilidad ambiental y social. Según explicó, este enfoque busca prevenir conflictos con las comunidades, reducir la litigiosidad y garantizar la viabilidad de los proyectos en el largo plazo.