La Corte Constitucional de Colombia se prepara para discutir en las próximas salas plenas las ponencias que plantean tumbar la denominada “Ley de Encuestas”, una norma que endureció las reglas para la publicación y elaboración de sondeos electorales en el país.
De acuerdo con información revelada por El Tiempo, la alta corte tiene abiertos dos expedientes contra la ley y, en ambos casos, las ponencias apuntan a declarar la inconstitucionalidad de la normativa. Una a cargo de la magistrada Paola Meneses y otra del magistrado Carlos Camargo.
La Ley 2494 de 2025 entró en vigencia para las elecciones legislativas pasadas y regirá también para las presidenciales de 2026. La norma modificó los requisitos técnicos para las encuestas de intención de voto, bajo el argumento de garantizar mayor transparencia y calidad en la información que alimenta el debate político y las campañas electorales.
Entre los cambios aprobados por el Congreso se incluyeron parámetros obligatorios sobre muestreo, márgenes de error, niveles de confianza y criterios mínimos de representatividad territorial.
Además, la ley estableció nuevas exigencias para la divulgación de las fichas técnicas, los procedimientos estadísticos utilizados y la identificación de los responsables de la recolección de datos.
Uno de los puntos más relevantes fue la creación de la Comisión Técnica de Vigilancia de Encuestas, un órgano adscrito al Consejo Nacional Electoral encargado de auditar los sondeos electorales.
Dos demandas y ponencias contra la ley
Según conoció El Tiempo, el magistrado Juan Carlos Cortés estudia la demanda presentada por Juan Manuel López Molina contra la totalidad de la norma.
Por otro lado, la magistrada Paola Meneses analiza una demanda parcial interpuesta por José David Riveros Namen contra varios artículos específicos.
Aunque los expedientes son distintos, las ponencias coincidirían en cuestionar la constitucionalidad de la ley que generó controversia desde su aprobación. Firmas encuestadoras y sectores políticos han sostenido que la iniciativa debió tramitarse como una ley estatutaria y no como una ley ordinaria, debido a que regula asuntos relacionados con participación política y libertad de expresión.
