El desarrollo económico de América Latina está ligado de manera estrecha al mundo rural. En especial, por cuenta de su riqueza natural y unidades productivas agropecuarias, lo que convierte a la región en un territorio estratégico.
Frente a ese escenario, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) presentó una nueva edición del Reporte de Economía y Desarrollo (RED), en el que presenta una radiografía de la ruralidad y expone la necesidad de integrarla en las estrategias nacionales de inversión e innovación.
El reto de la productividad
En las últimas seis décadas, el valor de la producción agropecuaria de América Latina y el Caribe (ALC) se multiplicó por cinco. Este resultado es equivalente a una tasa de crecimiento anual promedio del 2,8 %, un valor superior al promedio mundial.
No obstante, pese a esa aceleración, la productividad laboral sigue muy por debajo de regiones desarrolladas, lo que evidencia un rezago estructural.
De acuerdo con el informe del CAF, la media del valor agregado por trabajador en la región equivale a solo el 12 % del nivel observado en Estados Unidos, al 31 % del de Europa, al 26 % del de Oceanía y al 76 % del de Asia. Estas brechas podrían atribuirse a varios factores, incluyendo la cantidad de tierra y capital por persona ocupada.
“Un trabajador agropecuario en esa región dispone en promedio de unas 14 hectáreas (ha), equivalente al 9 % de la superficie por trabajador en Estados Unidos y alrededor del 20 % en la OCDE, mientras que el nivel de capital por trabajador es tan solo el 5 % de lo observado en EE. UU. y el 6 % en la OCDE”, resalta el documento.
La imagen del empleo rural
El organismo internacional resalta que en las últimas décadas se ha observado un cambio en la estructura productiva del mundo rural de ALC.
“Por primera vez en la región, menos de la mitad de los trabajadores rurales se desempeñan en actividades agropecuarias, lo que representa una caída de 10 puntos porcentuales desde 2003. Este cambio ha modificado de forma estructural el perfil del empleo rural, históricamente dominado por el trabajo agrícola”, menciona el texto.
De manera paralela, también se observan cambios en la organización del trabajo. Las cifras muestran que entre 2003 y 2023, la proporción de asalariados rurales aumentó del 32 % al 47 %, impulsada sobre todo por el aumento del empleo asalariado registrado o formal.
A pesar de los avances, la informalidad no ha dejado de ser una característica estructural del empleo rural, afectando a casi siete de cada 10 trabajadores.
“La informalidad implica menores ingresos, ausencia de protección social y falta de estabilidad laboral, perpetuando la vulnerabilidad de amplios segmentos de la población rural”, explica el CAF.
En conjunto con esa informalidad, también se observa una brecha salarial en los puestos en el agro, siendo peor remunerados con ingresos un 25 % inferiores a los del empleo rural no remunerado.
En lo que respecta a los salarios rurales, estos han crecido en las últimas décadas, aunque siguen siendo en promedio un 34 % inferiores a los urbanos. Esta brecha responde tanto a factores de la oferta laboral como a los de la demanda, entre ellos la concentración de actividades de baja productividad en los territorios rurales.
En materia de servicios e infraestructura, el reporte señala avances importantes en cobertura, especialmente en electricidad y agua, pero subraya que el principal desafío actual radica en la calidad, continuidad y adecuación de los servicios a territorios dispersos.
Persisten brechas significativas en saneamiento, conectividad física y digital, acceso a educación de calidad, salud con capacidad resolutiva e inclusión financiera, lo que limita el bienestar y la productividad de los territorios rurales.
¿Cuál es el camino?
Sobre la base de este diagnóstico, el informe presenta una hoja de ruta de políticas públicas orientada a construir una prosperidad rural más inclusiva. Esta agenda combina medidas para modernizar el sector agropecuario, fortalecer la gobernanza y sostenibilidad de los sectores vinculados a la transición energética, impulsar la diversificación productiva, reducir la pobreza y la vulnerabilidad, cerrar brechas de género y etnicidad, mejorar la calidad de los servicios e infraestructura y fortalecer las instituciones territoriales.
El reporte concluye que aprovechar plenamente el potencial del mundo rural requiere políticas integradas, instituciones sólidas y una visión de largo plazo que permita transformar los territorios rurales en espacios de oportunidades, bienestar y desarrollo sostenible para la región.
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