Alejandro Castañeda, presidente de Andeg (Asociación Nacional de Empresas Generadoras), señaló que la subasta de 2029 y 2030 no ofreció suficiente energía para suplir el déficit proyectado para ese período. Según el dirigente gremial, incluso con este mecanismo, el más reciente hasta la fecha, el mercado tendría un déficit de 4 % entre 2029 y 2030.
“No estamos haciendo la tarea, seguimos teniendo un hueco, nos hace falta energía en firme. El siguiente gobierno, desde el 7 de agosto, tiene que hacer nuevas subastas corrigiendo los errores de esta”, mencionó.
Castañeda señaló que la nueva licitación redujo el déficit de 6 % a 4 %. Sin embargo, manifestó que aún se requieren entre 2.000 y 4.000 gigavatios hora por año adicionales.
El líder gremial también aseguró que los proyectos eólicos adjudicados aportan el menor componente de energía firme y que, particularmente, uno de ellos, localizado en Santa Marta, podría enfrentar riesgos importantes.
Por otro lado, señaló que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) extendió los plazos para la presentación de garantías, las cuales deberán entregarse el 6 de agosto. Castañeda manifestó que los actores del sistema no estuvieron de acuerdo con la decisión. Sin embargo, afirmó que la CREG implementó la medida con la finalidad de que uno de los actores pudiera presentar las garantías dentro de los nuevos plazos. Agregó que el valor de estas también varía de acuerdo con la tasa de cambio.
Indicó que las subastas deberían adjudicarse únicamente a empresas que realmente cuenten con proyectos viables y que puedan ejecutarlos, evitando iniciativas que eventualmente no lleguen a desarrollarse.
Históricamente el nivel de mortalidad de los proyectos ha sido cercano a 40 %, es decir que, de cada 10 proyectos adjudicados, alrededor de cuatro terminan sin ejecutarse. Según explicó, esto ya ocurrió en la licitación de 2019.
Lo anterior sucede porque los proyectos pueden enfrentar dificultades durante su desarrollo o en la obtención de financiamiento, lo que impide cumplir con las garantías requeridas para su entrada en operación.
—
