La participación política en medio del periodo de silencio electoral previo a las presidenciales sigue generando controversia. Este jueves se conocieron dos denuncias formales contra el candidato Iván Cepeda ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), por presuntas irregularidades relacionadas con eventos masivos realizados en los últimos días de campaña.
Las acciones fueron interpuestas por ciudadanos que consideran que la campaña del aspirante habría incumplido la restricción que prohíbe actividades proselitistas en espacios públicos desde ocho días antes de las elecciones.
La primera denuncia fue presentada por Santiago Arango, quien asegura que el pasado 25 de mayo de 2026 se realizó un evento político en Sincelejo, Sucre, específicamente en el polideportivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre. Según el documento radicado ante el CNE, la actividad habría vulnerado las disposiciones electorales vigentes sobre propaganda y reuniones públicas en la recta final de la campaña.
La segunda denuncia fue instaurada por Gabriel Guillermo Garrido Gallardo y está relacionada con actividades políticas adelantadas el 27 de mayo en Arauca. Aunque Iván Cepeda no habría asistido personalmente al evento, el denunciante sostiene que allí se difundió de forma masiva publicidad política a favor del candidato y de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.
Ahora será el Consejo Nacional Electoral el encargado de estudiar ambos casos y establecer si efectivamente existió una violación de las normas electorales o si las actividades se realizaron dentro de escenarios privados, como argumenta la campaña de Cepeda.
En el caso de Sincelejo, el equipo del candidato ha defendido que el evento se llevó a cabo en una propiedad perteneciente a una asociación de trabajadores, por lo que, según su interpretación, tendría carácter privado y no estaría cobijado por las restricciones aplicables a espacios públicos.
Ministro del Interior sobre participación política
La polémica también ha escalado por las declaraciones y actuaciones del presidente Gustavo Petro en los días previos a las elecciones. Sobre este tema, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió en entrevista con Caracol Radio la postura del Gobierno y cuestionó la forma en que se interpreta la participación en política en Colombia.
“Participar indebidamente en política es cuando usted hace algo en contra de lo que está escrito”, señaló Benedetti, quien explicó que la infracción ocurre cuando un funcionario utiliza su cargo, recursos públicos o subordinados para favorecer electoralmente a un candidato.
El ministro aseguró que expresar públicamente una preferencia política no necesariamente constituye una falta disciplinaria o electoral. “La gente empieza a creer que es que está participando en política”, dijo, al referirse a los cuestionamientos contra funcionarios que manifiestan por quién votarían.
Benedetti agregó que sí existiría participación indebida si se utilizaran recursos del Estado, presiones burocráticas o mecanismos de coerción para beneficiar campañas políticas. “Si dijera que van a botar funcionarios públicos porque no quieren votar por determinado candidato, eso sería participación en política según nuestra ley”, afirmó.
Además, calificó como “obsoleta” la legislación colombiana sobre participación en política de funcionarios públicos y sostuvo que se trata de una “ley hipócrita”, al comparar el modelo colombiano con otros países donde los jefes de Estado pueden participar abiertamente en campañas electorales o respaldar a sus sucesores políticos.
