El sector de energía y gas en Colombia se prepara para una coyuntura desafiante. Así lo advirtió Mario Daniel Gómez, director de Prospectiva Latam Public Affairs, durante su intervención en el Congreso de Agremgas celebrado en Cali en el que Valora Analitik es medio aliado.
Lejos de tratarse de un debate puramente técnico, el próximo gobierno deberá gestionar importantes riesgos políticos, económicos y sociales que incidirán directamente en la competitividad y la seguridad energética del país.
Uno de los principales focos de tensión está en el ámbito político y fiscal. Las crecientes presiones sobre las finanzas públicas podrían traducirse en una mayor carga tributaria sobre el sector energético.
Sin embargo, como lo señaló Gómez, el aumento de impuestos o contribuciones podría afectar la competitividad y las decisiones de inversión en un momento de alta incertidumbre.
En este contexto, la agenda legislativa estará marcada por dos proyectos clave. El primero es el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, que definirá los lineamientos de política pública y los ejes priorizados para el próximo cuatrienio, con especial énfasis en salud, seguridad y energía.
El segundo es una nueva reforma tributaria que, en un escenario de estrechez fiscal y rigidez del gasto, se prevé que el nuevo gobierno presente para aumentar ingresos o ajustar impuestos existentes.
Incluso no se descarta que el gobierno Petro impulse una nueva reforma antes de finalizar su periodo, replicando lo ocurrido en 2022 con el impuesto al carbono y a las exportaciones de crudo, o lo intentado en 2024 con cargas más altas para petróleo, minas, carbón y gas según su nivel de contaminación.
El segundo gran reto es de orden técnico. Los retrasos en proyectos de generación y las limitaciones de infraestructura han reforzado la necesidad de fuentes de respaldo durante la transición energética.
En este escenario, Gómez destacó que el gas licuado de petróleo (GLP) puede consolidarse como una alternativa clave para fortalecer la seguridad energética, especialmente en regiones sin acceso al gas natural. No se trata de una discusión menor, pues la confiabilidad del suministro dependerá de decisiones que se tomen en el corto plazo.
El tercer desafío es de naturaleza social. La conflictividad social, manifestada en bloqueos y movilizaciones, continuará siendo uno de los principales riesgos para los proyectos energéticos. Las comunidades y organizaciones han incrementado su capacidad de incidencia mediante acciones judiciales, protestas y procesos de participación. Este factor estará presente sin importar la tendencia política del gobierno que llegue al poder.
Finalmente, Mario Daniel Gómez insistió en que, más allá de las diferencias ideológicas entre los candidatos, el próximo mandatario se enfrentará a dos crisis ineludibles: la crisis energética del país y el déficit fiscal.
Por más que existan posiciones en contra del desarrollo minero energético, la realidad económica y social obligará a abordar la discusión sobre cómo fortalecer el sector.
Colombia, a diferencia de países como Bolivia o Trinidad y Tobago, cuenta con una riqueza energética considerable. Por eso, concluyó, plantear una agenda restrictiva es un debate de otro nivel. El verdadero desafío no es frenar, sino aprovechar esa riqueza con políticas públicas inteligentes, estabilidad fiscal y gobernabilidad.
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