La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) anunció que interpondrá acciones legales contra una resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que entró en vigor desde el 1 de julio de 2026 con un nuevo marco tarifario para acueducto y alcantarillado.
Entre las principales observaciones, el gremio señaló que el tiempo otorgado para implementar la metodología fue insuficiente y que la CRA no presentó una evaluación integral de los impactos de la medida. Además, afirmó que el texto definitivo incorporó cambios significativos frente al documento que había sido sometido a participación ciudadana de prestadores, usuarios, entidades territoriales y demás actores involucrados.
Andesco agregó que la implementación de un nuevo marco tarifario exige validar insumos, consolidar modelaciones, elaborar y revisar estudios de costos y tarifas, así como realizar análisis técnicos, financieros, jurídicos y comparativos. Según el gremio, durante el proceso no fue posible alcanzar consensos con la entidad reguladora.
Asimismo, sostuvo que la CRA no presentó un análisis sobre el impacto de los cambios propuestos ni sobre el comportamiento que tendrían las tarifas, pese a que la nueva metodología incorpora metas y estándares que requerirán inversiones y esfuerzos adicionales por parte de las empresas prestadoras.
Por ello, la demanda busca que se declare la nulidad del artículo que ordena la entrada en vigencia del nuevo marco tarifario desde julio de 2026 o, de manera subsidiaria, que se suspenda su aplicación por un periodo no inferior a un año, mientras el Consejo de Estado resuelve de fondo el proceso.
“No se busca eliminar el marco tarifario, sino garantizar una implementación ordenada, con seguridad jurídica, reglas claras y el tiempo suficiente. El éxito del nuevo marco dependerá tanto de la calidad de la metodología como de una implementación rigurosa que preserve la sostenibilidad de los servicios y la confianza de los usuarios”, el gremio, dirigido por Camilo Sánchez.
Añadió que su propósito es evitar que las empresas deban aplicar la nueva metodología sin contar con el tiempo suficiente para realizar los análisis requeridos. No obstante, recordó que las compañías están obligadas a cumplir la regulación vigente mientras no exista una decisión judicial que disponga lo contrario, ya que de no hacerlo podrían enfrentarse a sanciones.
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