La ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, reveló los lineamientos que tendrá el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella en materia de infraestructura vial, con un giro hacia la reactivación de la inversión privada, la revisión de contratos de concesión clave y el mensaje de dar confianza a los empresarios.
Noguera confirmó que se revisará el contrato de la nueva concesión para Autopistas del Café, que se llamaba Conexión Centro y fue rechazado por el Gobierno de Gustavo Petro.
Según la nueva funcionaria, esto se hará como parte de un ejercicio orientado a «generar confianza» que permita invitar de nuevo a la inversión privada a encargarse de la infraestructura del país.
Noguera respaldó las advertencias del ministro de Hacienda sobre la gravedad de la situación fiscal, y fue enfática en que el Presupuesto de la Nación para obra pública en el Invías será limitado, por lo que la inversión con capital privado será indispensable.
Añadió que actualmente hay numerosas iniciativas privadas en proceso de estructuración en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que no fueron aprobadas, por lo cual una de sus prioridades será destrabarlas y “volver el tecnicismo a la ANI».
Lo que viene para los peajes en el gobierno De la Espriella
De otro lado, la nueva ministra de Transporte calificó de populistas las decisiones de congelar las tarifas de peajes durante el gobierno saliente de Petro.
Señaló que toda decisión futura sobre este tema deberá cumplir simultáneamente tres criterios: mantener la confianza inversionista, preservar las vías y cuidar el bolsillo de los colombianos.
Incluso, dijo que sí es posible reducir las tarifas de los peajes, pero únicamente si existe una fuente alternativa de compensación —como extender años de concesión, aprovechar aumentos de tráfico o cubrir la diferencia con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN)—. Advirtió que lo que no puede seguir ocurriendo es que esas decisiones deriven en demandas contra el Estado.
En ese punto citó una cifra que ilustra la magnitud del problema: las demandas ante la ANI pasaron de $9 billones a $18 billones en solo cuatro años, al tiempo que criticó que la entidad no tuvo una buena defensa jurídica frente a estos litigios.
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