A menos de un mes de su posesión, el presidente electo Abelardo de la Espriella continúa reiterando que la política de Paz Total del gobierno Petro dejará de existir a partir del 7 de agosto.
De la Espriella confirmó la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, (que se convertiría en Consejo de Seguridad Nacional), así como de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y la Consejería para la Reconciliación Nacional.
También anunció que desaparecerá la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, cuyas funciones pasarán a una nueva figura: el Comisionado Nacional de Seguridad. Según explicó, las competencias de estas dependencias serán asumidas por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa, bajo el argumento de que ya existe duplicidad de funciones entre esas carteras y las consejerías presidenciales.
«No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad”, señaló.
Y agregó: “Hoy vemos al criminal de guerra, alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello”.
Las declaraciones surgieron a propósito del viaje que Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», último comandante de las extintas FARC y hoy dirigente del partido Comunes, realizó autorización de la JEP, en el marco de actividades relacionadas con la implementación del Acuerdo De Paz.
El mandatario electo también cuestionó que la antropóloga Pilar Rueda Jiménez, esposa del excandidato presidencial de izquierda Iván Cepeda —su rival en las elecciones, cuyo resultado no reconoce— haya retomado su trabajo en la JEP.
Un desmonte con obstáculos jurídicos
Aunque durante la campaña De la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, cuestionaron en repetidas ocasiones la labor de la JEP, el desmonte total enfrenta serios obstáculos: cualquier propuesta para modificarla requeriría una reforma constitucional profunda, susceptible de ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, al vulnerar el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y los compromisos internacionales adquiridos por Colombia ante la Corte Penal Internacional.
De hecho, el propio ministro de Justicia designado, Iván Cancino, ha empezado a matizar el discurso de campaña. En declaraciones recientes reconoció que la Jurisdicción continuará operando durante el gobierno entrante, admitiendo que acabarla de un plumazo no es posible y que el nuevo gobierno tiene algunas propuestas que hacer respetando la independencia de la JEP.
Cancino sí confirmó que la Paz Total, en su formato actual, no continuará, y anticipó que será reemplazada por mecanismos de sometimiento a la justicia sin las mesas de negociación ni los beneficios que caracterizaron la estrategia del gobierno Petro.
El giro de política llega justo cuando se cumple una década de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, suscrito el 24 de noviembre de 2016 por el entonces presidente Juan Manuel Santos.
La JEP, creada como uno de los pilares de ese acuerdo para investigar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado, ha completado apenas su primera fase de sanciones: en septiembre pasado dictó su primera «sanción propia» contra siete excomandantes del antiguo secretariado de las FARC —liderados por el propio Londoño— por secuestros contra población civil, dirigentes políticos e integrantes de la fuerza pública.
Analistas advierten que una reducción presupuestal o institucional de la JEP en este punto podría leerse como un incumplimiento del Acuerdo Final, que fue reconocido como un acuerdo especial bajo el derecho internacional humanitario, lo que aumentaría el riesgo de presión diplomática internacional y de mayor escrutinio por parte de la Corte Penal Internacional.
