A pocos días de que el Instituto Nacional de Vías (Invías) asuma la administración del peaje de Turbaco, en el corredor Cartagena-Turbaco, el propio Gobierno Nacional reconoció que existe un riesgo para la continuidad de su operación.
En un oficio enviado por Invías a la Alcaldía de Turbaco, la entidad solicita que, en coordinación con la Policía Nacional y demás autoridades competentes, se adopten medidas de seguridad desde las 00:00 horas del 22 de julio de 2026, momento en el que esta recibirá oficialmente la estación de peaje tras la reversión de la concesión.
En el documento, conocido por Valora Analitik, el Instituto explica que la solicitud responde a la información recopilada durante el proceso de entrega de la infraestructura.
Según señala, ha tenido conocimiento de manifestaciones públicas, publicaciones en redes sociales, información difundida por medios de comunicación y convocatorias relacionadas con posibles acciones para impedir o afectar el funcionamiento del peaje una vez quede bajo administración estatal.
De hecho, el oficio indica que, aunque corresponde a las autoridades evaluar la evolución de la situación, los antecedentes conocidos permiten advertir un escenario que hace necesario actuar de manera anticipada para proteger tanto la infraestructura como el normal desarrollo de la operación.

Por esa razón, Invías pidió a la Alcaldía de Turbaco liderar la coordinación con la Fuerza Pública para preservar el orden público y garantizar la seguridad de los trabajadores, operadores y usuarios de la vía.
Un peaje clave para el recaudo de recursos
En la carta, el Instituto también advierte que cualquier interrupción en la operación del peaje podría afectar el recaudo de recursos destinados al mantenimiento, conservación y rehabilitación de la infraestructura vial nacional, de acuerdo con la destinación establecida en la Ley 105 de 1993.
Además, recuerda que, una vez se concrete la entrega, la operación estará a cargo de la Unión Temporal Peajes Nacionales, responsable de la administración y recaudo de las estaciones de peaje bajo la órbita de Invías.
Por último, la entidad también deja claro que no tiene facultades para adoptar medidas de policía o controlar el orden público, razón por la cual trasladó formalmente la solicitud a la administración municipal.




