Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron este martes por amplia mayoría una proposición firmada por cuatro congresistas que ordena devolver al Ministerio de Hacienda el proyecto de ley del presupuesto para 2027.
Con 56 votos a favor, el Legislativo respaldó la propuesta que señala que el proyecto presenta «inconsistencias de orden fiscal, financiero y macroeconómico» que impiden su ajuste al Estatuto Orgánico del Presupuesto.
El ministro de Hacienda agradeció el apoyo y dijo que esta le permitirá al gobierno hacer las enmiendas necesarias para que el presupuesto que sea considerado por el Congreso sea consistente y se comprometió a radicar el texto el 26 de agosto, dado que el día 30 de este mes es la fecha máxima por ley para hacerlo.
Así, la iniciativa, que originalmente fue calculada por el gobierno saliente por un monto de $575,6 billones, regresará a manos de la cartera de Hacienda para ser ajustada a las realidades económicas y al plan de la nueva administración, mientras tanto el debate legislativo queda suspendido.
La decisión se produjo luego de que el actual ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, solicitara formalmente y con carácter de urgencia la devolución del articulado.
Gómez fue contundente al calificar el documento como «técnicamente inviable y fiscalmente irresponsable», llegando incluso a tildarlo de «chambonada» y de «vergüenza» ante organismos como la Contraloría y el Banco de la República.
El ministro sustentó su petición señalando que el proyecto está $19 billones por encima del Marco Fiscal de Mediano Plazo aprobado para 2026, lo que representaría una violación a la Ley 819 de 2003. Además, denunció un fuerte desequilibrio en las cuentas, con sectores críticos como la salud y las pensiones desfinanciados en casi $20 billones, mientras que el rubro de inversión pública se mantenía en niveles mínimos.
La proposición destacaba que al presupuesto del próximo año se incorporaron $30,2 billones cuya obtención depende de reformas legislativas (como una nueva reforma tributaria) que aún no han sido aprobadas ni consolidadas.
También señala que al basarse en hechos «futuros e inciertos», se comprometió la solidez del escenario fiscal del país. Por ello, los congresistas firmantes concluyeron que el documento no satisface los principios de coherencia macroeconómica necesarios para su trámite.
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