El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella dejó en firme el nombramiento del abogado Andrés Felipe Velásquez Reyes como el nuevo director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La decisión se formalizó mediante el Decreto 1184 del 11 de agosto de 2026, ratificando así la información que diversos medios de comunicación habían anticipado desde la semana pasada.
Velásquez, quien sucede en el cargo a Carlos Emilio Betancourt, asume la dirección de una de las entidades más críticas para las finanzas públicas del país, responsable del control y administración del sistema tributario, aduanero y cambiario.
Su designación completa el equipo económico liderado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, junto a otros funcionarios como Juan Sebastián Betancur en el viceministerio técnico y Andrés Quevedo Caro en el viceministerio general.
El nuevo director es abogado egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, cuenta con una especialización en derecho tributario de la Universidad del Rosario y una maestría en fiscalidad internacional de la Universidad de La Rioja, España.
En su hoja de vida destaca su rol como socio fundador de la firma Velásquez Osorio Abogados, así como su experiencia como docente en las universidades del Rosario y Sergio Arboleda, y su labor como conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Llama la atención que, en 2021, Velásquez ganó una demanda ante el Consejo de Estado que tumbó una interpretación de la DIAN sobre la aplicación del IVA en pasajes aéreos internacionales. Ahora, el funcionario pasa de ser un litigante a dirigir la entidad que una vez demandó.
La llegada de Velásquez a la DIAN se produce en un momento de cambios estructurales. Entre sus principales tareas estará la ejecución de la reforma tributaria anunciada por el presidente De la Espriella, la cual busca, entre otras cosas, simplificar el sistema impositivo y eliminar el impuesto al patrimonio.
Así mismo, el gobierno ha manifestado su intención de reducir la carga tributaria y recortar el gasto público, en medio de metas de recaudo superiores a los $318 billones proyectados para 2026.
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