El terremoto de magnitud 7,4 Mw que sacudió al país la semana pasada no solo destruyó viviendas y vías, sino que afectó también la infraestructura carcelaria y los despachos judiciales en los territorios afectados.
Dado que esta situación compromete la vida e integridad de las personas privadas de la libertad y del personal de custodia, y que amenaza con paralizar los servicios de administración de justicia, el decreto de emergencia económica del Gobierno habilitó medidas extraordinarias de choque para intervenir el sector penitenciario y flexibilizar de manera transitoria las normas de competencia territorial del poder judicial.
La primera línea de acción decretada por el Ejecutivo en este frente busca proteger la vida de la población carcelaria y garantizar la seguridad penitenciaria en las zonas de desastre.
Para ello, el decreto autoriza una evaluación oficial para clasificar cada establecimiento penal afectado bajo dos opciones de intervención: aquellos que admiten reparación o reforzamiento estructural, y aquellos cuya antigüedad, vulnerabilidad o localización hagan imperativa su sustitución definitiva.
En casos donde reparar los penales individuales resulte técnicamente insuficiente o más costoso que construir de nuevo, el Gobierno estará facultado para habilitar la construcción de infraestructura penitenciaria regional de mayor capacidad.
Sin embargo, la norma impone límites estrictos para evitar desvíos de recursos: la construcción de estas cárceles regionales de mayor envergadura solo procederá en proporción a la capacidad perdida y bajo una reserva de resiliencia cuantificada.
Además, se exige una estricta separación material, presupuestal, contable y contractual entre los recursos asignados para atender la emergencia y aquellos destinados al déficit histórico del sistema carcelario.
Casos de juzgados territoriales serán redistribuidos
El daño material en juzgados, la pérdida de archivos físicos y el colapso de los sistemas de información locales han dejado a muchos despachos en zonas de desastre materialmente impedidos para operar. Para evitar una vulneración masiva de derechos fundamentales, el decreto rompe temporalmente con las reglas ordinarias de competencia territorial y funcional de los jueces.
El Gobierno anunció que se habilitará un régimen excepcional, temporal y de carácter nacional para el reparto, redistribución o asignación de asuntos urgentes.
Esto permitirá que procesos de especial relevancia —como acciones de tutela, solicitudes de habeas corpus, peticiones de libertad, actuaciones de control sobre personas privadas de la libertad y casos con riesgo inminente de prescripción o caducidad— puedan ser redirigidos de inmediato a despachos con capacidad efectiva ubicados en otros distritos judiciales del país.
La implementación operativa de este mecanismo estará en manos del Consejo Superior de la Judicatura, el cual deberá aplicar criterios objetivos de asignación que eviten la concentración de cargas procesales y garanticen la igualdad de los usuarios de la justicia.
El régimen extraordinario también contempla el uso obligatorio de herramientas virtuales para facilitar las actuaciones y asegurar que las impugnaciones, incidentes de desacato o trámites de cumplimiento originados en las zonas afectadas no se detengan.
Con estas medidas, el Estado busca impedir que el colapso físico de los juzgados y cárceles se traduzca en una pérdida de la seguridad jurídica y en un desamparo de los derechos de la población carcelaria y de los ciudadanos damnificados.
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