El empresario y excandidato presidencial colombiano Santiago Botero enfrenta una demanda en Estados Unidos relacionada con la venta de FinSocial, la fintech que fundó para desarrollar negocios de crédito de libranza y consumo.
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Dos firmas extranjeras reclaman perjuicios que, según su demanda, superan los US$150 millones, en un proceso que gira alrededor de la información financiera entregada durante la operación de adquisición de la compañía.
La acción fue presentada el 8 de julio de 2026 ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York por Christofferson Robb & Company LLC (CRC), con sede en Reino Unido, y General Investments (Cayman) Limited, registrada en Islas Caimán. Los demandantes señalan a Botero, al grupo Kandeo y a I Medici S.A.S., sociedades que figuraban entre los accionistas de FinSocial al momento de la venta. El expediente judicial confirma la radicación del proceso contra Santiago Botero y esas entidades.
De acuerdo con la Unidad Investigativa de El Tiempo, que tuvo acceso a la demanda, el negocio se estructuró en 2021 y contempló la adquisición del 100 % de las acciones de FinSocial por cerca de US$36 millones. Los compradores sostienen que recibieron información que presentaba a la compañía como una fintech sólida dedicada principalmente a la colocación de créditos de libranza y consumo, pero que posteriores auditorías habrían encontrado inconsistencias en sus estados financieros.
El caso también fue reportado en Estados Unidos por Law360, medio especializado en información jurídica y empresarial. El reporte señala que Christofferson Robb & Co. demandó a Botero y otras entidades bajo la acusación de haber inflado presuntamente el desempeño financiero de la compañía antes de su venta. Los demandantes calculan pérdidas superiores a US$100 millones y reclaman daños que podrían superar los US$150 millones.
¿Qué cuestionan los compradores de FinSocial?
Uno de los principales puntos de la demanda está relacionado con un préstamo puente por US$19 millones que los compradores entregaron a FinSocial después de suscribir el acuerdo de adquisición.
Según la versión de los demandantes, ese dinero debía utilizarse para generar nuevos créditos y estaba respaldado por una cartera que supuestamente cumplía determinadas condiciones. Sin embargo, sostienen que parte de los créditos utilizados como garantía no habría tenido las características que se les habían informado.
La Unidad Investigativa de El Tiempo señala que dentro de la documentación presentada aparece una certificación firmada por Botero, fechada el 21 de mayo de 2021, en la que se indicaba que el cupo sería utilizado exclusivamente como capital de trabajo para la creación de créditos legítimos. Los compradores cuestionan posteriormente la validez de parte de esa cartera y aseguran que la información financiera utilizada para respaldar los desembolsos no correspondía con la realidad de la compañía.
El expediente incorpora además un reporte de auditoría de Bancóldex de febrero de 2025. Según lo expuesto en la información conocida por El Tiempo, los demandantes sostienen que el 98 % de los créditos de la cartera de FinSocial entregados como garantía tenía una mora superior a 30 días y que cerca del 84 % del capital de respaldo, equivalente a unos $42.000 millones, no habría sido recuperado porque correspondería a créditos ficticios o inactivos.
Otro de los elementos centrales del proceso es el testimonio de Juan Manuel Puerto, quien fue director financiero de FinSocial. Los demandantes presentan declaraciones de Puerto como parte de sus argumentos y sostienen que el exdirectivo habría reconocido irregularidades en la información contable de la compañía.
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En uno de los apartes incorporados a la demanda se afirma que los libros contables estaban manipulados y que habría existido información falsa relacionada con las garantías utilizadas para obtener nuevos recursos.
Sin embargo, existe un elemento que introduce una diferencia importante en esta parte del caso. EL TIEMPO conoció una declaración autenticada ante notaría en Bogotá en la que Puerto niega haber acusado a Botero de ordenar la manipulación de los libros contables.
“No he manifestado que el señor Santiago Botero hubiera ordenado ‘amañar’ los libros contables de FINSOCIAL S.A.S.”, señala la declaración citada por ese medio. Puerto también habría precisado que no le consta que Botero hubiera mentido para inducir desembolsos y que no autorizaba que sus palabras fueran calificadas como una “confesión de fraude”.
Este punto será relevante en el desarrollo del litigio, debido a que enfrenta la interpretación que los demandantes hacen de las declaraciones con la versión posterior entregada por el propio exdirectivo.
La demanda también cuestiona operaciones realizadas entre FinSocial y compañías vinculadas con Botero. Según los compradores, entre 2019 y 2021 se habrían realizado transacciones por aproximadamente $57.000 millones, unos US$16 millones, con empresas de propiedad total o parcial del empresario.
Los demandantes sostienen que estas operaciones no habrían sido reveladas adecuadamente durante el proceso de debida diligencia previo a la adquisición.
El expediente también plantea acusaciones sobre movimientos posteriores a la compra. Los demandantes aseguran que, entre enero de 2021 y agosto de 2024, se habrían realizado transferencias por decenas de millones de dólares sin un propósito comercial legítimo, incluyendo más de US$50 millones dirigidos a Botero y sus afiliados, además de recursos utilizados, según la acusación, para gastos personales.
Estas son alegaciones de los demandantes, no hechos establecidos judicialmente. El proceso apenas se encuentra en una etapa inicial y será en el desarrollo del litigio donde las partes deberán presentar y controvertir las pruebas.
¿Qué dice Santiago Botero sobre la demanda?
Botero entregó a El Tiempo una versión completamente diferente de los hechos y calificó las acusaciones como una distorsión de la operación. El empresario sostuvo que los compradores pretenden justificar pérdidas propias atribuyéndolas a supuestos engaños durante la adquisición. “CRC como de pronto ha perdido plata por el tema del dólar (…) ellos quieren de alguna manera simular que su fondo no se equivocó en la operación”, afirmó Botero, según la entrevista publicada por la Unidad Investigativa.
Sobre los US$19 millones del préstamo puente, el excandidato presidencial negó que se tratara de recursos obtenidos mediante información falsa y afirmó que ese dinero hacía parte de la estructura económica de la propia adquisición: “Esos 19 millones eran parte del pago de la compra de la empresa por ellos mismos”, sostuvo Botero. También señaló que FinSocial contaba con revisores fiscales y cuestionó a los compradores sobre el origen de los recursos utilizados para pagar a los antiguos accionistas.
El empresario también respondió a las acusaciones relacionadas con el denominado “anillo de seguridad”, un mecanismo utilizado para respaldar la cartera de FinSocial. Según Botero, la cartera estaba respaldada por un seguro y no existía una manipulación de su valor. “Lo que le daba garantía a la cartera era un seguro”, aseguró. Además, afirmó que las decisiones posteriores relacionadas con el porcentaje de la fianza fueron tomadas por la junta directiva de CRC y no por él.
El expediente está identificado como Christofferson Robb & Co. LLC et al. v. Kandeo Investment Advisors LLC et al., caso 1:26-cv-05806, ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Entre los demandados figuran Santiago Botero, I Medici SAS, Kandeo Investment Advisors LLC, Kandeo Spain Latam S.L.U. y Kandeo Spain Peru S.L.
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El proceso, por ahora, enfrenta dos versiones contrapuestas: la de los inversionistas que aseguran haber sido inducidos a comprar FinSocial con información financiera que no reflejaba su verdadera situación y la de Botero, quien niega las acusaciones y sostiene que los compradores están intentando trasladarle las consecuencias de una operación que, según él, ellos mismos estructuraron.
