El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Alfredo Ape Cuello, anunció que esta semana se establecerá una mesa de trabajo permanente en el Salón Boyacá del Capitolio con el propósito de escuchar a todos los sectores y entidades del Gobierno Nacional de aquí al viernes.
De acuerdo con el cronograma explicado por Ape Cuello, el plan de los legisladores consiste en recibir de forma continua a los diferentes ministerios y oficinas gubernamentales durante los días hábiles, para luego dedicar el fin de semana a analizar minuciosamente las cifras definitivas de la propuesta presupuestal.
El objetivo final de este intenso calendario es poder votar y definir el monto global del presupuesto el próximo lunes, cumpliendo de esta forma con los estrictos tiempos legislativos, pues el plazo máximo se vence el martes 15 de septiembre.
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Por su parte, el senador a la Cámara por el Centro Democrático, Christian Garcés, explicó que, más allá de las citaciones formales en las comisiones económicas conjuntas, estos espacios funcionarán como mesas de trabajo internas y privadas para revisar los rubros al detalle.
Garcés dijo que considera de vital importancia que en estas mesas se escuche con atención a carteras sensibles, como el Ministerio de Defensa, para certificar si las fuerzas de seguridad tendrán las herramientas logísticas y de inteligencia necesarias para afrontar los retos del país.
Además, el congresista enfatizó que la atención legislativa está plenamente concentrada en la meta del lunes: «estamos focalizados a que el lunes hay que aprobar el monto».
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, respaldó la metodología de trabajo e intercambio de inquietudes definida para esta semana y calificó el ambiente de los diálogos como positivo.
El funcionario dijo que los parlamentarios entienden con claridad la urgencia de aplicar medidas de austeridad, ordenar las finanzas públicas y ajustar el gasto del Estado. Por ello, ratificó que el Gobierno Nacional se mantiene firme en defender un monto total de $634,95 billones para el Presupuesto de 2027.
Frente a la propuesta de varios congresistas de aplazar transitoriamente una porción del pago de la deuda pública para liberar al menos $10 billones hacia inversión social y regional, el ministro Gómez se mostró prudente y directo: «Nosotros no somos amigos de comprometernos con cosas que no podamos cumplir con certeza».
No obstante, el funcionario aclaró que el Ministerio ya se encuentra estructurando una gestión activa de la deuda para sustituir obligaciones de corto plazo y extender los vencimientos que actualmente asfixian la caja del Gobierno.
El debate final del próximo lunes será el escenario definitivo donde se medirá si el Congreso acoge la cifra planteada por el Ejecutivo o si se imponen los reclamos de reajuste sectorial.
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