Las pretensiones y disputas jurídicas que enfrenta el Estado colombiano por controversias en grandes proyectos de infraestructura alcanzaron un nivel crítico en el país.
Así se desprende de un informe presentado este martes por el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ricardo Ayerbe, en un debate de control político, realizado por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.
En el recinto, el funcionario confirmó que las reclamaciones y litigios contra el Estado colombiano por megaobras ya superan los $100 billones, con lo cual se configuran como una de las mayores presiones de gasto para la Nación.
El plan de choque frente a reclamaciones y litigios contra el Estado colombiano por megaobras
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Al detallar las cifras, Ayerbe describió el panorama como altamente litigioso y desglosó el estado de las cuentas pendientes. «Tenemos en trámite 46 tribunales de arbitramento por una suma que asciende a $16 billones y, adicionalmente, tengo 18 solicitudes de amigable composición, por una suma de $86 billones«.
Además, explicó que el número de demandas contra el Estado se disparó en los últimos años, debido al Decreto 050 expedido por el presidente Gustavo Petro en 2023 para congelar las tarifas de los peajes.
Frente a este escenario, el Gobierno Nacional puso en marcha un plan de contingencia contractual para desactivar demandas y destrabar proyectos que permanecían estancados.
De los 42 corredores carreteros a cargo de la entidad, ya se han adelantado 19 mesas de concertación con los concesionarios para buscar acuerdos directos y soluciones técnicas en vías clave como Devimed, Santana – Mocoa – Neiva, Troncal del Magdalena, Tercer Carril Bogotá – Girardot, Buga – Buenaventura – Loboguerrero, Estanquillo – Popayán, Malla Vial del Meta, Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó, Rumichaca – Pasto y la Malla Vial del Valle del Cauca.
Gobierno busca elevar aporte del sector al 1,5 % del PIB
Durante su intervención, el presidente de la ANI también insistió en que la prioridad del nuevo Gobierno es devolver la seguridad jurídica y recuperar la confianza de los inversionistas honrando los contratos firmados.
El directivo subrayó que hoy la infraestructura en Colombia apenas aporta 0,7 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la economía, una cifra rezagada frente a países de la región como Perú y Ecuador, donde el sector representa el 3,0 % del PIB.
La meta del Ejecutivo es elevar esta participación al 1,5 % del PIB a través de la ejecución de los recursos que actualmente se encuentran represados en las fiducias y patrimonios autónomos de las concesiones.
Al mismo tiempo, la ANI ya avanza en la estructuración de nuevas Asociaciones Público-Privadas (APP) para garantizar la operación y el mantenimiento de las carreteras revertidas al Instituto Nacional de Vías (Invías).
