Este miércoles sobre la 1:00 p.m. el Concejo de Bogotá tiene en su agenda la votación en plenaria del proyecto de acuerdo «Ciudad Inteligente», la reforma tributaria impulsada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.
A las puertas de la sesión decisiva, Galán salió a defender el alcance social de la reforma y a despejar la idea de que se trata de un alza generalizada de impuestos.
Según explicó, de aprobarse la iniciativa los restaurantes y hoteles tendrán una reducción del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) del 13 %, los bares del 20,3 %, el sector de edición y publicación de libros del 50 %, los fondos de empleados del 28,6 % y las cooperativas financieras del 7,1 %.
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A esto se suma una rebaja del 7,6 % en el ICA para las actividades profesionales y del 3,4 % para los bienes de primera necesidad, entre otros sectores beneficiados.
El alcalde insistió en que el incremento de tarifas se concentra en un número reducido de sectores: actividades financieras, comercialización de vehículos, y comercio de alcohol y tabaco.
Mientras que la mayoría de los contribuyentes saldría beneficiada. «Al grueso de los comerciantes, pequeños tenderos, pequeños comercios, les baja el ICA si mañana en el Concejo se aprueba el proyecto», puntualizó Galán.
¿Qué busca la reforma tributaria de Galán?
El propósito central del proyecto es acelerar la transformación de Bogotá hacia un modelo de ciudad inteligente, con la puesta en marcha de un sistema de alumbrado público inteligente que incorpore tecnología LED, telegestión y una red de IoT.
La administración calcula que la iniciativa facilitará la atracción de inversiones por más de $79,8 billones, con el potencial de generar más de 215.000 empleos en un horizonte de 10 años.
El proyecto también contempla un incremento estimado de los ingresos de aproximadamente $1 billón anual, recursos que —según la administración— estarían destinados a inversiones estratégicas sin comprometer la sostenibilidad fiscal de la ciudad.
El proyecto de acuerdo se estructura en cinco grandes componentes, el primero los incentivos tributarios para la atracción de grandes inversiones, con exenciones decrecientes del ICA de hasta 10 años, además de beneficios específicos para el Distrito Aeroportuario (Fontibón y Engativá) y para proyectos de renovación urbana, vivienda VIS y VIP, y construcción sostenible.
También contempla alivios para deudores del Distrito, tanto en obligaciones tributarias como no tributarias, con descuentos del 60 % en intereses y sanciones para quienes se pongan al día antes del 21 de diciembre de 2026. La administración estima que más de 2 millones de contribuyentes podrían acogerse a estos alivios.
Otro componente es el alumbrado público inteligente, financiado con una sobretasa al predial diferenciada por estrato y uso, que exime por completo a los estratos 1, 2 y 3 y establece topes máximos de pago (hasta $31,4 millones anuales en el sector residencial y $62,8 millones en las demás categorías).
Por otro, propone progresividad en el impuesto predial, con tarifas preferenciales para predios rurales, áreas de protección ambiental, cabildos indígenas muiscas de Suba y Bosa, y un aumento en las exenciones para inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural.
Y, por último, uno de los frentes que más debate ha generado es la simplificación del ICA, que reduce de 13 a 9 el número de tarifas vigentes y las fija en valores enteros.
