La negociación del salario mínimo de 2027 será una de las discusiones económicas más importantes para los trabajadores y las empresas en Colombia. Para quienes reciben este ingreso, el porcentaje que se defina determinará cuánto dinero tendrán disponible cada mes; para los negocios, especialmente los pequeños, representará un nuevo costo de contratación. Y para los hogares, también existe otra preocupación: que el aumento termine trasladándose a los precios de productos y servicios.
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La discusión llega después del incremento de 23 % decretado para 2026 y con posiciones distantes entre sindicatos y empresarios. Mientras las organizaciones sindicales defienden un ajuste de dos dígitos y reclaman avanzar hacia un llamado salario mínimo vital, los gremios advierten sobre los efectos que un aumento elevado podría tener en la inflación, la contratación formal y la capacidad de pago de las empresas.
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En medio de ese debate, Wilson Rodríguez, profesor de economía de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, considera que el incremento debería ubicarse alrededor de 8,4 % para que no se afecte la creación de empleos formales en Colombia. Su cálculo parte de sumar la inflación observada, de 6,3 %, y una productividad laboral cercana al 2 %.
El economista sostiene que un aumento de esa magnitud permitiría reconocer el encarecimiento del costo de vida y las mejoras en productividad sin imponer una presión excesiva sobre los empleadores. La advertencia es relevante para los trabajadores porque un incremento nominal más alto no necesariamente significa una mejora equivalente en el poder adquisitivo si los precios también suben o si se reducen las oportunidades de empleo.
¿Cuánto subiría el salario mínimo de 2027 con un aumento de 8,4 % o 9 %?
Para entender el efecto de los escenarios que están sobre la mesa, se puede tomar como referencia el salario mínimo mensual legal vigente en 2026, de $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte.
Si el aumento para 2027 fuera de 8,4 %, el salario básico subiría aproximadamente $147.076 y llegaría a $1.897.981 mensuales. En cambio, si el incremento fuera de 9 %, como el porcentaje que menciona el profesor Rodríguez al describir las posiciones de los gremios, el aumento sería de unos $157.581. El salario básico quedaría en $1.908.486 mensuales. La diferencia entre ambos escenarios sería de aproximadamente $10.505 al mes para un trabajador que devengue exactamente el mínimo.
El contraste es mayor frente a un incremento de 23 %, como el aplicado en 2026. Si se utilizara ese mismo porcentaje como ejercicio para 2027, el salario básico aumentaría $402.708 y llegaría a $2.153.613. Estas cifras corresponden al salario básico y no incluyen el auxilio de transporte, cuyo valor para 2027 deberá definirse por separado.
Sindicatos y empresarios llegan con posiciones muy diferentes
La mesa de concertación para discutir el salario mínimo de 2027 se instalaría hacia el 18 de noviembre. La distancia entre las posiciones anticipa una negociación compleja. De acuerdo con Rodríguez, los gremios empresariales manejan referencias cercanas al 9 %, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sostiene que se necesitarían 32 puntos porcentuales adicionales para cerrar la brecha con el denominado salario mínimo vital. El economista señala que esa pretensión llevaría el aumento a niveles superiores al 40 %.
Para dimensionar ese escenario, un incremento hipotético de 40,4 % sobre el salario mínimo de 2026 representaría un aumento de aproximadamente $707.366 y llevaría el salario básico a cerca de $2.458.271 mensuales.
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Rodríguez considera que una subida de esa magnitud sería difícil de sostener para la economía colombiana si no está respaldada por aumentos similares en la productividad: “Desde una mirada técnica, el número sensato debería rondar el 8,4 %, que es la suma básica de la inflación observada (6,3 %) más la productividad laboral (alrededor de 2 %)”, explicó.
El docente también advierte que las diferencias entre las partes podrían dificultar un acuerdo. A su juicio, “el margen para concertar es casi nulo” y el incremento podría terminar definido por decreto presidencial. Se trata de su pronóstico sobre la negociación, no de una decisión tomada por el Gobierno.
¿Un aumento alto del salario mínimo puede frenar la creación de empleo?
Uno de los principales argumentos del análisis de Rodríguez es que el salario mínimo no solo determina cuánto recibe un trabajador formal, sino también cuánto le cuesta a una empresa contratarlo.
El riesgo, según el economista, se concentra en actividades que necesitan una alta cantidad de trabajadores y tienen márgenes de ganancia reducidos. Entre ellas mencionó el comercio, los restaurantes, los hoteles, el sector agropecuario y las micro y pequeñas empresas.
Cuando el costo laboral aumenta muy por encima de la productividad, un negocio puede tener dificultades para asumir la nueva obligación. En ese escenario, algunas empresas podrían aplazar contrataciones, reducir su personal o recurrir a esquemas informales.
“Cuando se decreta un aumento que triplica o cuadruplica la productividad, el golpe se siente en dos frentes muy duros. En el sector productivo, castiga de inmediato a los negocios que viven con márgenes muy ajustados y dependen de mucha mano de obra”, afirmó Rodríguez.
Esto tiene una consecuencia directa para quienes buscan trabajo: un salario mínimo más alto beneficia a quienes conservan un empleo formal remunerado con ese valor, pero también puede elevar la barrera de entrada para personas que buscan su primer empleo o para trabajadores con poca experiencia.
El profesor considera que el problema es especialmente importante en un país donde, según su análisis, casi la mitad de los ocupados gana menos de un salario mínimo. Para quienes están en la informalidad, un aumento decretado no representa automáticamente un mayor ingreso, aunque sí pueden enfrentar incrementos en precios y costos que están ligados al salario mínimo.
El impacto del salario mínimo no termina en la nómina. Si las empresas trasladan una parte de los mayores costos laborales a los precios de sus productos y servicios, el incremento puede generar presiones adicionales sobre la inflación.
Esto es relevante para los hogares porque el dinero adicional que recibe un trabajador puede perder capacidad de compra si los alimentos, el transporte, los servicios y otros gastos cotidianos suben a un ritmo similar o superior.
La discusión también puede influir en las decisiones del Banco de la República. Si el aumento salarial contribuye a mantener presiones inflacionarias, el banco central podría tener menos espacio para reducir las tasas de interés. Esto puede prolongar el costo elevado de los créditos de consumo, vivienda y financiación empresarial.
Rodríguez advierte que el objetivo no debe ser fijar un porcentaje que parezca alto en términos nominales, sino lograr que el ingreso real de los trabajadores mejore sin generar efectos que terminen afectando a otros grupos de la población: “Esto hay que decirlo con total honestidad y empatía: a todos nosotros nos cuesta que el sueldo rinda a fin de mes, y desear que la gente gane más no solo es comprensible, es legítimo”, señaló.
El Niño también entra en la discusión del salario mínimo de 2027
Otro elemento que podría influir en la negociación es el Fenómeno de El Niño y sus efectos sobre los precios de los alimentos y la energía. El economista considera que este fenómeno climático debe analizarse con cuidado porque puede generar aumentos transitorios en el costo de vida. Su preocupación es que una variación temporal de los precios termine incorporándose a un incremento salarial que debe mantenerse durante todo el año.
“El Niño es un choque de clima que tiene efectos transitorios en la inflación: encarece la comida y la energía por unos meses, pero luego pasa. Si usamos esa subida temporal para fijar el salario mínimo de todo el año, lo que hacemos es convertir un problema pasajero en un costo laboral permanente”, explicó.
Por esa razón, Rodríguez plantea que la mesa de concertación debe prestar atención a la inflación estructural o básica y a las expectativas de precios, en lugar de basar el ajuste únicamente en aumentos temporales asociados con el clima.
El costo del salario mínimo también llega a las cuentas del Estado
El incremento salarial tiene otro efecto que no siempre es visible para los trabajadores: aumenta algunas obligaciones del presupuesto público. Rodríguez señala que una parte importante de las mesadas pensionales está atada por ley al salario mínimo. Por eso, cuando este aumenta, también crece el gasto del Estado destinado a cubrir las pensiones que se ajustan con ese referente.
El docente cita estimaciones del Banco de la República según las cuales cada punto porcentual de aumento del salario mínimo elevaría el gasto fiscal cerca de 0,04 % del producto interno bruto (PIB). Esto significa que un ajuste más alto también puede representar mayores compromisos para las finanzas públicas.
El debate, por tanto, no se limita a cuánto dinero recibirán los trabajadores que ganan el mínimo. También involucra la capacidad de las empresas para contratar, el comportamiento de los precios, la informalidad y los recursos que necesita el Estado para cubrir sus obligaciones.
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La negociación que comenzará en noviembre deberá encontrar un punto entre esas variables. Para Rodríguez, la clave es que el aumento permita recuperar el poder adquisitivo sin crear presiones que terminen afectando el empleo formal y el costo de vida.
“El ciudadano de a pie debe ver más allá del titular del día del anuncio. Si a los tres meses el corrientazo, el transporte, el arriendo y las cuotas de los créditos suben al mismo ritmo o más rápido, la ganancia real fue cero”, concluyó.
