Durante la plenaria del Senado sobre el Presupuesto General de la Nación, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, enfrentó cuestionamientos de la oposición y expuso la compleja radiografía financiera del país.
El jefe de la cartera económica calificó el panorama actual como una crisis profunda caracterizada por dos hechos centrales: ingresos tributarios estancados o a la baja y gastos estatales desbordados.
El ministro señaló una contradicción en las posturas de la oposición, recordando que este sector presentó una propuesta alternativa que reducía el presupuesto en $38 billones, mientras simultáneamente exigía aumentos billonarios en múltiples rubros.
El funcionario detalló una serie de desfinanciaciones estructurales y pasivos heredados que limitan el margen de maniobra del Ejecutivo. Por ejemplo, identificó una necesidad de financiación adicional por $2,7 billones para garantizar la atención en salud de los docentes. Además, reveló que la atención médica de un maestro cuesta en promedio $7,7 millones, frente a los $2 millones que representa cualquier otro ciudadano.
También denunció que el gobierno anterior dejó desfinanciadas las mesadas pensionales de noviembre y diciembre, así como un hueco de unos $600.000 millones en Colombia Mayor y un faltante de cerca de $2 billones para la tercera edad.
Por otro lado, para cubrir la deuda en subsidios eléctricos, el Gobierno dispuso $600.000 millones e impulsó un proyecto con mensaje de urgencia por $1,7 billones, sumado a un incremento de $3 billones para el sector de minas y energía enfocado en subsidios de energía, gas y GLP.
Luego reportó una acumulación de $17 billones en fallos judiciales no pagados, los cuales generan altos intereses moratorios que agravan el costo fiscal para el Estado.
Frente a las críticas por el incremento del 55 % en el servicio de la deuda, el ministro de Hacienda aclaró que este rubro responde a compromisos contractuales fijados por administraciones pasadas y no a estimaciones arbitrarias.
Así mismo, explicó que los gastos de funcionamiento se elevaron en parte por el incremento del salario mínimo superior al 20 %.
En materia de asignaciones específicas, el funcionario defendió la gestión del Gobierno destacando incrementos concretos en el SENA, pues su presupuesto pasa de $6,4 billones a $8 billones y en el DANE, al cual le adicionaron $150.000 millones para financiar recabación de datos y el censo agropecuario.
Por otro lado, el jefe de la cartera económica señaló que el presupuesto sufre una severa rigidez atada a 60 fondos especiales (que absorben $19 billones) y 252 transferencias de ley (por $14 billones). Esta dispersión de recursos equivale a cerca del 1 % del PIB en partidas atomizadas, lo que deja apenas $4,5 billones para atender emergencias. Por ello, hizo un llamado urgente a reformar y modernizar el Estatuto Orgánico del Presupuesto, vigente desde 1996.
—
