El jueves 29 de octubre, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes la ley de rescate fiscal, que integra mecanismos de ahorro y recorte del gasto estatal, así como nuevas cargas tributarias en materia de impuestos a los licores, cigarrillos y bebidas azucaradas, entre otras medidas. Sin embargo, el proyecto necesita la aprobación del Congreso y deberá superar cuatro debates, como ley ordinaria, para completar su trámite legislativo.
Por esta razón, las reacciones de los congresistas no se hicieron esperar. El presidente del Senado, Honorio Enríquez, expresó que está de acuerdo con reducir el tamaño del Estado para hacerlo más “eficiente”, pero señaló que deben evitarse gravámenes que representen mayores impuestos para la ciudadanía.
De otro lado, Christian Garcés, senador por el Valle del Cauca del Centro Democrático y quien participó en la discusión del Presupuesto para 2027, manifestó que también respalda la reducción del gasto y las facultades que tendría el poder Ejecutivo para disminuir, fusionar o eliminar entidades o gastos que no generen mayor eficiencia.
“El rescate fiscal no debe traducirse en impuestos a los colombianos que afecten el empleo y la calidad de vida. Medicina prepagada, aumentar el IVA de 5 % a 19 % desequilibra económicamente a pensionados y a familias que hacen aportes al régimen de salud, aunque no lo usen. En impuesto a la renta, ampliar la base gravable puede representar una mayor carga para las familias de clase media que poco reciben del Estado”, dijo.
El parlamentario también hizo referencia a que el impuesto a los edulcorantes impactaría a las compañías que quitaron el azúcar de sus productos. Además, señaló que un aumento del IVA del 5 % al 19 % requiere una revisión cuidadosa, ya que, según dijo, perderían su tarifa especial productos como el café, el chocolate o los vehículos híbridos.
Por su parte, el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, manifestó que Colombia necesita ordenar su política fiscal, reducir $65 billones del gasto público en cuatro años, disminuir la burocracia estatal e implementar medidas progresivas en el IVA, señalando que se les debería “devolver” recursos a cerca de 19 millones de colombianos.
También dijo que debe reducirse la tarifa de renta empresarial de 35 % al 30 %. Sin embargo, enfatizó en que el Estado debe “apretarse el cinturón” y que lo que hay que proteger es la estabilidad fiscal, el empleo y la confianza inversionista.
De otro lado, la senadora Sara Castellanos expresó que entre los aspectos positivos del proyecto están una menor nómina estatal, menos capacidad de gasto en propaganda desde el Estado, una regla fiscal más “estricta” y la devolución del IVA para los hogares más desfavorecidos.
Sin embargo, aseguró que no apoyará el IVA para verduras, granos y frutas, ni los gravámenes para la clase media y el IVA a los insumos del campo. En ese sentido, también sostuvo que es el Estado el que debe “apretarse el cinturón”.
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De esta manera, el proyecto vincula mecanismos para reducir el gasto público, pero también medidas tributarias para aumentar los ingresos de la Nación. Se espera que esta iniciativa tenga su debate en el Congreso. El mismo proyecto plantea que algunas de las medidas comenzarían a regir entre 2027 y 2028.
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