José Manuel Restrepo, vicepresidente del gobierno De la Espriella, y Miguel Gómez, ministro de Hacienda, dieron a conocer la postura del Ejecutivo sobre lo que será el ajuste tributario planteado en la Ley Rescate.
Los representantes del Gobierno aseguran que aprobar el proyecto es fundamental, en la medida en que el país enfrenta presiones fiscales muy complejas de atender.

Sin embargo, el gobierno De la Espriella sostiene que el grueso de la consecución de recursos mediante la Ley Rescate proviene de compromisos adquiridos directamente por el Estado en su conjunto.
A pesar de haber afirmado en campaña que no se subirían más impuestos, Restrepo y Gómez señalan que el aumento de la carga impositiva recaerá sobre las personas de más altos ingresos.
En entrevista con El Tiempo, los funcionarios aseguraron que Colombia está entre la espada y la pared, “pero frente a una situación de la que será muy difícil salir como nación si no actuamos. Una crisis fiscal es el peor de los escenarios. Es lo que le sucedió a Argentina hace algunos años y lo que ocurrió en Venezuela”.
Consecuencias de no aprobar la Ley Rescate del gobierno De la Espriella
Agregaron que el desafío no tiene precedentes en la historia reciente del país: “Estamos enfrentando uno de los momentos más difíciles de las finanzas públicas porque el Gobierno anterior dejó deterioradas las cuentas del Estado”.
Sobre los efectos políticos de la medida, afirmaron que el Gobierno conoce los riesgos y está dispuesto a jugarse su capital político en torno al ajuste económico.
“¿Por qué estamos tan decididos? Porque sabemos que, si no actuamos rápido, si no actuamos ya, vamos a enfrentar una crisis económica muy profunda. Y en esa situación pierde toda Colombia”, señalaron.

Ante la posibilidad de que no se apruebe la Ley Rescate, el gobierno De la Espriella advierte que Colombia perdería su capacidad de financiamiento y no tendría recursos suficientes para atender sus gastos.
Recomendado: Ley de Rescate del gobierno De la Espriella impactaría el sueldo de millones de trabajadores
“Podríamos enfrentar dificultades para pagar la nómina del Estado y sostener servicios sociales fundamentales como salud y educación. Cuando se pierde el financiamiento, también pueden salir los capitales. Eso generaría una fuerte devaluación, que a su vez presionaría la inflación y terminaría afectando especialmente a los hogares más pobres. También habría consecuencias sobre el empleo”, dijeron Gómez y Restrepo.




