Colombia enfrenta un reto que con los años se ha hecho cada vez más visible: mientras compite por atraer inversión y cuenta con oportunidades para impulsar su desarrollo, la ejecución de proyectos estratégicos sigue enfrentando obstáculos que dificultan el cierre de brechas de infraestructura y el abastecimiento energético.
Es ahí donde las reglas de juego y la confianza cumplen un papel fundamental para crear las condiciones que permiten que el crecimiento económico, el bienestar social y la protección ambiental avancen de manera conjunta. Pero ¿cómo se construyen esos acuerdos y qué se necesita para que puedan materializarse?
Ese fue el eje a través del cual se desarrolló el foro de sostenibilidad de Corficolombiana ‘Luz Verde: Acuerdos para el Desarrollo’, un espacio orientado a analizar los retos, la institucionalidad y las soluciones para impulsar la inversión sostenible en Colombia.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La brecha entre inversión y ejecución
Según explicó Milena López, presidenta de Corficolombiana, actualmente la tasa de inversión del país está en el 16 % del PIB, uno de sus niveles más bajos en más de 60 años. A eso se suman necesidades de inversión en infraestructura cercanas a los $150 billones y retrasos en proyectos estratégicos para la seguridad energética.
“Demasiados proyectos permanecen en amarillo o en rojo cuando el país necesita crear las condiciones para avanzar hacia la luz verde del desarrollo. Necesitamos que esos proyectos se ejecuten y se concreten”, destacó.
Lo anterior, teniendo en cuenta que cuando una iniciativa no avanza a la velocidad prevista, también se aplazan empleos y oportunidades productivas para las regiones, porque “los proyectos que perduran en el tiempo son aquellos que logran construir confianza, legitimidad y valor compartido con los territorios”.
López también enfatizó que parte de esa distancia entre el potencial del país y la ejecución de los proyectos se explica por la complejidad de los procesos que deben surtirse para llevarlos a cabo. Las consultas previas, la gestión territorial y el licenciamiento ambiental se han convertido en algunos de los desafíos que deben sortear las iniciativas estratégicas para avanzar.
El problema, según planteó, no está en desconocer la importancia de estos mecanismos, sino en encontrar la manera de fortalecerlos para que permitan proteger los derechos de las comunidades, generar confianza y, al mismo tiempo, darles viabilidad a las inversiones.
“La pregunta es cómo construimos procesos que los protejan, reconozcan la diversidad de los territorios y preserven nuestros espacios ambientales, pero que, además, sean claros, precisos y oportunos para todos los actores involucrados, de manera que las inversiones efectivamente se puedan materializar”, indicó.
En esa línea, resaltó que esta conversación no es exclusiva del Gobierno o los empresarios, puesto que el objetivo central es lograr un equilibrio donde se garanticen plenamente los derechos de las comunidades, al tiempo que se construyen acuerdos duraderos que permitan materializar el potencial de crecimiento del país.
“La verdadera luz verde para el desarrollo no la dan los acuerdos por sí solos, sino los acuerdos que somos capaces de construir como sociedad. Aunque a veces hay historias y ejemplos, esta sigue siendo una discusión que requiere más liderazgo y mayor rigurosidad para comprender sus desafíos y, así, poder proponer soluciones efectivas”, concluyó.
