El Tribunal Administrativo de Santander abrió un incidente de desacato contra la ministra de Ambiente de Colombia (e), Irene Vélez Torres, por los reiterados incumplimientos en el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, ordenado por la Corte Constitucional desde 2017.
La decisión recuerda las sanciones adoptadas previamente contra las exministras Susana Muhamad y Lena Estrada, en medio de un caso que ya completa más de ocho años de retrasos y negligencias oficiales.
Según el auto firmado por la magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes, Vélez deberá responder no solo por las omisiones propias de su gestión, sino también por las faltas acumuladas de sus antecesoras.
Entre los incumplimientos más graves resaltan el incumplimiento del cronograma -de 31 mesas de trabajo con las comunidades, apenas se han realizado seis-, la falta de asignación de recursos para culminar la delimitación y la ausencia de concertación plena, pues hasta la fecha solo se ha definido la “línea de páramo” con ocho de los más de 30 municipios implicados.
El Tribunal recordó que, conforme a la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, el proceso de delimitación de Santurbán debe realizarse mediante un procedimiento amplio de participación y concertación con las comunidades, con acompañamiento de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las alcaldías y demás órganos de control.
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Desde las comunidades, las críticas no se han hecho esperar. Ivonne González, presidente de Asomineros Vetas, calificó como “inaudito” que después de ocho años no se haya cumplido el mandato de la Corte.
Señaló directamente al actual gobierno del presidente Gustavo Petro por haber expedido de manera inconsulta la resolución que creó una Zona de Reserva Forestal, medida que, según ella, “violó el derecho a la participación y condenó a más de 35.000 personas de siete municipios a la ilegalidad, la pobreza y el desplazamiento”.
La líder social agregó que la resolución expedida por el Ministerio de Ambiente “incluyó más de 75.000 hectáreas por fuera del Páramo de Santurbán, sin estudios técnicos ni soportes legales, usada como bandera política mientras el verdadero mandato judicial quedó desatendido”.
El malestar también fue respaldado por órganos de control. En una audiencia realizada el 2 de julio, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo apoyaron la solicitud de las comunidades y seis alcaldes de Soto Norte para abrir un proceso de desacato contra el Ministerio.
La Procuraduría advirtió que la cartera no solo incumplió con el cronograma, sino que agravó la situación con nuevas normas expedidas sin participación ciudadana, como la Resolución 0221 de 2025.
Por su parte, la Defensoría sostuvo que el Ministerio no puede desconocer los acuerdos ya alcanzados con municipios como Vetas, California y Suratá, porque hacerlo violaría los compromisos del Acuerdo de Escazú.
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Además, pidió suspender la resolución que declaró la zona de reserva forestal y denunció que desde hace tres meses espera sin éxito los soportes técnicos y jurídicos que sustentan esa decisión.
En este contexto, el Tribunal de Santander le ordenó a la ministra Irene Vélez justificar en un plazo de cinco días las razones de los incumplimientos y las acciones concretas que adoptará para cumplir con la sentencia T-361.
Sobre esto, la magistrada Flórez Reyes advirtió que persistir en el desacato puede derivar en sanciones económicas que se aplicarían directamente sobre el patrimonio personal de la funcionaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.
Hay que decir que el caso Santurbán se mantiene en el centro de la controversia ambiental y social en Colombia, con un proceso judicial que se arrastra desde hace casi una década y que aún no cumple el mandato constitucional de proteger el páramo bajo reglas claras, concertadas y vinculantes.
