En el marco de la discusión sobre el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) compartió sus observaciones frente a los informes de contrastes producidos por la Adres.
Los reparos del gremio se enfocan en los documentos denominados ‘Contraste de información de prestación de servicios a personas con estado de afiliación fallecido’ y ‘Contraste de información de registros de medicamentos reportados en la base de prestación de servicios con otras bases de datos de medicamentos disponibles’. Ambos son contemplados por el Ministerio de Salud en los estudios de suficiencia, a su vez que son remitidos a la Corte Constitucional como parte de los análisis de la UPC.
En ese contexto, Acemi hizo énfasis en la necesidad de que estos ejercicios se realicen “atendiendo metodologías transparentes y replicables que consideren las particularidades regulatorias y operativas del sistema”. En especial, teniendo en cuenta no solo su relevancia, sino que estos comprometen información sensible.
“Acemi reconoce la importancia de fortalecer la calidad, trazabilidad y análisis de datos del sector. Sin embargo, dada la sensibilidad de la información y su potencial impacto reputacional, solicita que los contrastes se realicen con metodologías transparentes y replicables, y con garantías de debido proceso antes de cualquier difusión pública”, indicó la entidad.
Destacado: Intervenciones forzosas en EPS empeoran la crisis del acceso a la salud: Procuraduría
Contraste de fallecidos
La agremiación señaló que las EPS agremiadas revisaron los casos y remitieron soportes a la cartera de Salud y a la Procuraduría. Estos detallan las fechas de prestación de los servicios, códigos únicos de prestación de servicios, diagnóstico, facturas y pagos por servicio.
Entre los hallazgos que resaltan tras la revisión del reporte de la Adres, las EPS señalaron que la entidad parece desconocer “las dinámicas administrativas, operativas y de gestión propias del sistema de salud relacionadas con los procesos de facturación, desfases en la actualización del estado vital en bases de datos oficiales, y limitaciones en la interoperabilidad entre sistemas de información”.
A lo anterior se le suma que, si bien se han evidenciado mejorías, aún persisten rezagos en la identificación y reporte de personas muertas en el territorio nacional.
En términos generales, la agremiación señaló que las “aparentes inconsistencias” en algunos de los casos analizados – que incluyen errores en las fechas de registros, personas fallecidas no identificadas, retrasos en la actualización de datos para la dispensación de servicios, entre otras- se explican por “rezagos en la actualización del estado vital, facturación mensual vencida, cierres administrativos posteriores, dispensaciones domiciliarias por periodos, modelos de pago prospectivo y cruces errados por duplicidad de tipo de documento”.
De igual forma, la agremiación señaló que, tras concluir este ejercicio, las EPS que la integran han presentado información soportada que desvirtúa el llamado cobro de UPC por fallecidos.
“En los casos que no se ha justificado el 100 % de la información, las EPS han requerido a las IPS para allegar los documentos explicativos y esta será allegada a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que es la única entidad que ha realizado oficialmente un requerimiento”, indicó.
Registros y dispensación de medicamentos
El informe de la Adres sobre registros de medicamentos señala que se identificó en la base de Prestación de Servicios (Suficiencia) un crecimiento sostenido en el valor registrado en estos fármacos.
Puntualmente, destaca que, entre 2022 y 2023, las actividades (medicamentos registrados en distintas unidades y formas farmacéuticas) pasaron de 260,5 millones a 340,9 millones, con un aumento del 30,9 %; mientras que “El valor total ascendió de $10.245.583 millones ($10,25 billones) a $13.891.141, equivalente a un incremento del 35,6 %”.
Al respecto, Acemi señaló que el aumento de cantidades y valores durante ese periodo se asocia en gran parte a ampliaciones del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y a cambios regulatorios que trasladaron tecnologías a financiación con UPC. En ese sentido, advirtió que “los cruces deben homologar unidades de facturación y presentaciones para evitar conclusiones distorsionadas”.
La Adres también resaltó en su reporte que cerca de 13,2 millones de unidades de medicamentos, que corresponden a un 2,1 % del total de medicinas reportadas por las EPS en los estudios de suficiencia durante los años antes mencionados, no contaban con autorización para ser comercializados.
En respuesta, el gremio de salud señaló que las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS) y Gestores Farmacéuticos (GF) que hacen parte de la red de prestadores de servicios y proveedores de tecnologías en salud de las EPS pueden agotar los inventarios de medicamentos que no renuevan sus registros sanitarios. A eso se le suma que “existe dispensación de medicamentos vitales no disponibles que no cuentan con autorización de Invima, pero deben importarse y proveerse por decisiones judiciales o por motivos de salud pública”.
Destacado: Procuraduría llama a juicio al MinSalud y Corte Constitucional niega plazo por la UPC
Otros reparos
La Asociación hizo un llamado a la protección de la información, enfatizando en que la historia clínica y otros datos de esta índole son de carácter reservado y su custodia “exige medidas estrictas de seguridad, integridad y confidencialidad”.
También resaltó que previo a la publicación de estos reportes se informe a los interesados a través de requerimiento oficial, para permitir la validación, justificación o corrección cuando haya lugar. Esto con miras a la pérdida de información relevante y que se caiga en errores que impacten en la confianza del sistema.
Acemi, además, reiteró su disposición a un diálogo técnico con la Adres y el Minsalud, y solicitó que se facilite el acceso a información anonimizada para mejorar la calidad de los análisis. “Las decisiones sobre la UPC deben sustentarse en evidencia robusta y procesos garantistas que fortalezcan la transparencia y la sostenibilidad del sistema”, concluyó.
