Este martes se conocieron detalles de la última fase del proyecto de ampliación del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, luego de que la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y la firma consultora encargada de la actualización del Plan Maestro Aeroportuario socializaran la propuesta.
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Las obras estarían divididas en tres etapas principales, que abarcan desde la adquisición de tierras (553 predios dentro de un polígono definitivo que abarca 574 hectáreas) hasta la construcción de infraestructura de largo plazo, según los planes de la Comisión de Infraestructura SAI Oriente.
En específico, se construiría una nueva terminal de pasajeros y de carga al tiempo que se ampliaría la existente, lo que incluye obras como demolición de construcciones y cerramiento perimetral. Además, se habilitaría una segunda pista de 4 kilómetros y se ampliaría la pista actual de 3,5 kilómetros a 4 kilómetros.
El costo total del proyecto de ampliación del José María Córdova asciende a $22 billones. Solo la compra de predios requerirá una inversión de $1,8 billones, mientras que para materializar las tres fases de ampliación se destinarán cerca de $5 billones.
Con esta intervención el aeropuerto podría movilizar cerca de 43 millones de pasajeros en el año 2056, de acuerdo con los pronósticos de crecimiento de tráfico, y a corto plazo (2030), la terminal tendría una capacidad de 28 millones de pasajeros al año. El plan también busca mejorar significativamente su capacidad de importación, pasando de mover 120.000 toneladas a 200.000 toneladas en 2035.
La fuente de los recursos
En cuanto al modelo de financiación, la consultora sugirió dos mecanismos distintos para las etapas iniciales y las de largo plazo. La primera etapa se construiría a través de un contrato de la modalidad “llave en mano”, haciendo uso de los ingresos regulados del aeropuerto. La segunda etapa se costearía mediante una Alianza Público Privada (APP).
Sin embargo, la propuesta de utilizar los ingresos regulados del aeropuerto para financiar la etapa uno ha sido cuestionada porque dichos recursos han sido administrados hasta ahora por el concesionario Airplan, que tiene opción de seguir operando hasta el año 2048.
Incluso la firma manifestó su preocupación, pues temen que el Estado pueda interferir en contratos que aún están concesionados por sugerencia de una firma consultora.
Preocupaciones sociales y contractuales
La socialización del plan generó diversas preocupaciones. Por un lado, los habitantes de las nueve veredas que se verían impactadas expresaron que no fueron tenidos en cuenta en la actualización del plan maestro. Aunque no se oponen al desarrollo, exigen ser considerados, que se les hable «con la verdad,» y que se les paguen precios justos por sus tierras.
Por otra parte, el senador Esteban Quintero manifestó serias dudas sobre cómo se pretende ejecutar el proyecto, al tiempo que dijo que el costo de $22 billones no es motivo de preocupación, porque se requiere con urgencia.
“Lo que sí nos preocupa es que el Gobierno Nacional siga echando cuentos y creando incertidumbre en las concesiones, únicamente, para imponernos un modelo fracasado”, dijo. Incluso arremetió contra la falta de decisiones de la administración de Gustavo Petro y aseguró que «ha tenido desidia con Antioquia» y “no le ha cumplido al departamento”.
El congresista duda que el Gobierno sea capaz de sacar adelante un proyecto de $22 billones cuando no ha autorizado las obras de optimización que cuestan menos de $300.000 millones para avanzar en aspectos urgentes como inmigración y salas de espera.
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