El Tribunal Superior de Bogotá comenzó este martes la lectura del fallo de segunda instancia en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y le dio la razón a su defensa al considerar que varias de las interceptaciones telefónicas utilizadas como prueba fueron obtenidas de manera ilícita.
Por otro lado, que no hubo participación en sobornos a testigos y contradicción en algunas declaraciones. “Se basan en inferencias y errores cronológicos y tergiversaciones”. En la lectura se señaló que no hay ninguna prueba de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez determinara al abogado Diego Cadena para cambiar los testimonios del exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor y Eurídice Cortés. Por lo tanto, lo absolvió de ambos casos.
El magistrado Manuel Antonio Merchán, ponente de la decisión, explicó que las grabaciones al número celular de Uribe se hicieron “por error” durante una investigación distinta, contra el entonces congresista Nilton Córdoba Manyoma. Aunque reconoció que no hubo dolo de los investigadores, advirtió que “la ausencia de dolo no legitima el error” y que hubo vulneración del derecho a la intimidad. Por ello, el Tribunal concluyó que esos audios no pueden ser usados como prueba.
Pese a esa decisión, el Tribunal mantuvo la validez de las interceptaciones a Diego Cadena, exabogado del expresidente, realizadas poco antes de que asumiera su defensa. Según el fallo, esos audios sí son legales y constituyen una de las bases de la condena de primera instancia, que determinó que Cadena ofreció beneficios a presos —entre ellos Juan Guillermo Monsalve— para favorecer a Uribe, con conocimiento del entonces senador.
El Tribunal también desestimó los argumentos de la defensa sobre un supuesto vicio de trámite por parte de la jueza Sandra Heredia, quien no leyó íntegramente su sentencia de más de mil páginas. Merchán señaló que la jueza cumplió con el principio de publicidad al entregar el fallo completo y permitir los recursos.
Cabe recordar que el expresidente Uribe fue condenado por Heredia en primera instancia en julio a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a testigos y fraude procesal, convirtiéndose en el primer jefe de Estado colombiano en recibir una sentencia penal. La decisión del Tribunal —de más de 700 páginas— revisa esa condena y marcará el rumbo político y judicial del caso en los próximos meses.
