Los alcaldes y secretarios de varios municipios de Colombia continúan en jornadas de trabajo con el Gobierno para buscar soluciones a la reducción del 48,8 % en el último giro de 2025 del Sistema General de Participaciones (SGP).
Según los mandatarios, la decisión del Gobierno de reducir los recursos de $2,1 billones en diciembre de 2024 a solo $1,09 billones al cierre de 2025, ha puesto en jaque la liquidez de las administraciones municipales para el inicio del nuevo año.
El Ministerio de Hacienda señaló en un comunicado que ha venido desarrollando un proceso permanente de diálogo y escucha activa con representantes de más de 500 municipios de todo el país desde el 13 de enero, en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación, “orientado a explicar con claridad la coyuntura reciente del Sistema General de Participaciones (SGP) y a construir salidas conjuntas”.
También reveló que ya se identificó una alternativa para atender las dificultades temporales de caja que enfrentan los municipios en el componente de propósito general, la cual contempla la asignación de recursos adicionales en el primer pago de 2026 para compensar el faltante del cierre de 2025.
Además, en lo que respecta a los recursos relacionados con Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), desde febrero se emitirán las cartas de cobertura de los pasivos para que los municipios adelanten los trámites relacionados con el desahorro del 2025.
Los alcaldes han advertido que la disminución en el flujo de recursos para el cierre de 2025 afecta sectores críticos para la ciudadanía e implica recortar programas sociales.
En salud, por ejemplo, los recursos pasaron de $1,1 billones a $586.857 millones, mientras que en agua potable y saneamiento básico la cifra cayó de $252.442 millones a $129.348 millones. Incluso los rubros de inversión libre y asignaciones especiales para alimentación escolar y resguardos indígenas sufrieron recortes cercanos a la mitad de lo recibido el año anterior.
El Gobierno ha explicado que este desajuste es producto del desbalance entre ingresos y gastos, sumado a una reducción en el recaudo tributario durante el mes de diciembre.
Natalia Irene Molina, directora del DNP, explicó que los alcaldes enfrentan principalmente las consecuencias de una “dificultad de caja” y destacó que, a pesar del recorte de fin de año, el acumulado anual de 2025 fue superior al de 2024 en un 16,9 %.
Para 2026, las transferencias tendrán un incremento del 7,8 %, pasando de $81,9 billones a $88 billones, según el Presupuesto General de la Nación.
Municipios advierten necesidades inaplazables
Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), calificó la medida como un “golpe fiscal” basado en una interpretación que considera inconstitucional.
Por su parte, Julián Sánchez, alcalde de Soacha y presidente de Fedemunicipios, señaló ayer a la salida del encuentro con el MinHacienda que el recorte impide solventar las necesidades básicas insatisfechas de los territorios colombianos.
En las reuniones sostenidas, los mandatarios locales han expresado su angustia por la sostenibilidad financiera de sus territorios. Jaime Montenegro, alcalde de La Unión (Nariño), dijo: “Menos ingreso, pero además de eso, más responsabilidad y más gasto para nosotros… A municipios como el mío para el año 2026 nos reducen más de $2.000 millones. Si con lo que teníamos estábamos en las uñas, imagine entonces ahora”.
Los alcaldes también enfatizaron que el incremento del salario mínimo del 23,7 % para este año limita aún más sus presupuestos, advirtiendo que los fondos actuales apenas alcanzan para cubrir la nómina, dejando de lado la inversión en infraestructura.
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