La deuda pública del Gobierno Nacional Central alcanzó los $1.176,2 billones en noviembre en 2025, según los reportes más recientes del Ministerio de Hacienda, una cifra que representa el 63,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para este año.
Este nivel de endeudamiento se posiciona como el segundo más alto registrado desde el inicio de la serie histórica en 2001, solo superado por el pico de octubre del año anterior.
La trayectoria de la deuda ha mostrado una aceleración marcada en los últimos meses. En comparación con noviembre de 2024, el saldo de las obligaciones aumentó un 16,1 %, lo que equivale a más de $163,3 billones adicionales en solo un año. Este es el aumento más alto para el penúltimo mes de un año desde 2022.
Si se analiza desde el inicio del mandato de Gustavo Petro, en septiembre de 2022, el indicador ha experimentado un crecimiento del 43,2 %, sumando más de $355 billones al saldo total. De hecho, desde julio de 2024, el país ha registrado variaciones al alza de doble dígito cada mes, alcanzando un crecimiento máximo del 21,2 % en septiembre de 2025, cuando el saldo nominal llegó a los $1.175,2 billones.
Sin embargo, las cifras del Ministerio de Hacienda dejan ver que esta misma tendencia se ha visto en el pasado. También se presentaron crecimientos de doble dígito entre enero de 2020 y junio de 2023, así como en los periodos 2018-2019 y 2013-2016.
Cabe destacar que la deuda superó la barrera histórica de los $1.000 billones en noviembre de 2024.
De las metas oficiales a la realidad del mercado
Este incremento se produce a pesar de que, según el Ministerio de Hacienda, la deuda venía cediendo y había alcanzado su punto más bajo recientemente en septiembre, cuando se situó en un 60,2 % del PIB.
En octubre de 2025, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, había revelado una meta optimista para el cierre de año, buscando estabilizar la deuda entre el 57 % y el 59 % del PIB.
Cuéllar incluso sugirió que, si se mantenía la estrategia de manejo de deuda, el país podría aspirar a tocar el «ancla» del 55 % del PIB en los meses siguientes.
Sin embargo, las cifras de noviembre (63,8 %) sugieren que el país se ha alejado de dicho objetivo técnico.
Por otra parte, los datos preliminares del Banco de la República también muestran que la deuda externa pública ha retomado una tendencia alcista tras una breve caída en agosto. Para septiembre de 2025, último dato disponible, el saldo de las obligaciones externas del sector público subió a US$118.134,73 millones, lo que equivale al 27,1 % del PIB.
Este comportamiento contrasta con el mes anterior, cuando la deuda externa pública se ubicaba en el 26,7 % del PIB (US$113.061,90 millones).
Además, en julio de 2025, este indicador era del 27,5 %, una reducción que en su momento el Gobierno atribuyó a una exitosa estrategia de endeudamiento para reducir el peso de las obligaciones en dólares.
Esto implica, de acuerdo con analistas, que el ahorro ganado con las operaciones de manejo de deuda ya no se está reflejando.
Advertencias sobre el gasto y el déficit fiscal
Analistas y centros de pensamiento han manifestado su preocupación, señalando que la tendencia de la deuda total del Gobierno sigue al alza debido a la inflexibilidad y al alto nivel del gasto público en 2025.
Diversas proyecciones coinciden en que Colombia cerrará el año con un déficit fiscal cercano al 7 % del PIB, superando ampliamente los límites legales de la Regla Fiscal.
Esta situación ha sido alimentada por un presupuesto para 2025 de $523 billones, el cuarto más alto del siglo XXI, y un recaudo tributario que presenta un rezago de $9,8 billones frente a las metas de la DIAN a octubre de 2025.
Finalmente, el centro de estudios económicos ANIF lanzó una advertencia crítica sobre la gestión de estos recursos.
Aunque las operaciones de manejo de deuda lideradas por la Dirección de Crédito Público fueron exitosas y generaron un ahorro estimado en intereses cercano a los $20,9 billones en 2025, dicho margen ya se habría agotado.
Según los expertos, el Gobierno ya se gastó el espacio fiscal logrado vía estrategia de endeudamiento, utilizando esos recursos para aumentar el gasto primario en un 0,5 % del PIB. Esta decisión, sumada a la caída en el recaudo, deja al país en una posición de vulnerabilidad fiscal de cara al año 2026.
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