La alerta sobre posibles presiones de grupos armados ilegales en las elecciones presidenciales de 2026 se materializó durante la primera vuelta del pasado 31 de mayo, según concluyó la Veeduría Entorno Electoral 2026, liderada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Fundación Colombia 2050.
El informe identificó 361.313 votos efectivos en 504 puestos de votación ubicados fuera de Bogotá donde coincidieron anomalías electorales y riesgos territoriales asociados a presencia, interferencia o control de grupos armados ilegales. Según las organizaciones, estos puestos hacen parte del núcleo de mayor criticidad detectado durante la jornada electoral.
El análisis cualitativo, basado en información recopilada por la red territorial de veedores del ICP y la Fundación Colombia 2050, documentó testimonios sobre autocensura, restricciones de movilidad, control territorial, permisos informales para participar en política, procesos de carnetización y uso del certificado electoral como mecanismo de presión o verificación del voto.
De acuerdo con el informe, esta última práctica fue reportada en municipios como Cartagena del Chairá, El Tambo y Anorí, así como en Barranquilla. Los investigadores también recopilaron expresiones de ciudadanos que reflejan el clima de intimidación en algunas regiones, con frases como “toca pedir permiso”, “aquí mandan otros” o “mejor no hablar”.
“Reducir la libertad del voto a que los puestos hayan abierto, las mesas hayan funcionado o el voto sea secreto dentro de la urna desconoce cómo opera la coacción en los territorios: la presión puede ocurrir antes y después del sufragio”, afirmó Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP.
Por su parte, el análisis cuantitativo cruzó los resultados electorales de la primera vuelta presidencial con variables de riesgo territorial construidas por la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo. El estudio detectó 1.543 puestos de votación con señales de anomalía electoral.
De ese universo, 584 puestos cumplen simultáneamente tres criterios considerados de alerta: anomalía electoral, volumen significativo de votos y riesgo territorial activo. Según el informe, estos casos deberían ser remitidos a las autoridades competentes para una revisión más detallada.
Aunque Bogotá también aparece dentro de los puestos identificados para análisis, los investigadores señalaron que su comportamiento requiere una lectura diferenciada, ya que las anomalías observadas en la capital estarían asociadas principalmente a niveles elevados de participación electoral y no necesariamente a factores de coerción armada.
Las organizaciones concluyeron que los hallazgos evidencian que la influencia de actores armados sobre el ejercicio democrático sigue siendo un desafío en varias regiones del país y advirtieron que la protección de la libertad electoral exige analizar no solo lo que ocurre dentro de los puestos de votación, sino también las dinámicas de control y presión que se ejercen sobre los ciudadanos antes y después de depositar su voto.
