Tras la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, la Cámara de Comercio Colombia Americana (AmCham), dio a conocer detalles de la medida, al tiempo que lanzó una petición para el gobierno de Gustavo Petro, que permita restaurar el estatus del país.
De acuerdo con AmCham, Estados Unidos designó a Colombia como “failed demonstrably”. Esto quiere decir que ha fallado de manera demostrable en el marco de la Ley de Asistencia Extranjera.
De manera simultánea, el gobierno Trump emitió una determinación de interés nacional (waiver) que evita la aplicación inmediata de restricciones de asistencia y abre un compás de espera condicionado de hasta 12 meses para mostrar resultados verificables.
Para AmCham, en la práctica, la decisión preserva la cooperación bilateral pero eleva la exigencia sobre metas y verificación. Además, la determinación de interés nacional impide que entren en vigor las principales restricciones asociadas a la designación y mantiene la cooperación no humanitaria durante el año fiscal, sujeta a condiciones más estrictas, reportes y seguimiento.
¿Qué debe hacer el gobierno Petro, según AmCham?
La medida tomada por Estados Unidos, para el caso puntual de Colombia, no implica sanciones automáticas ni uniformes. Para la cámara, la eventual aplicación queda a criterio del presidente de EE. UU., en función de los resultados que el país acredite.
En este sentido, AmCham Colombia hizo un llamado “firme y respetuoso” al Gobierno Petro para presentar y ejecutar “con urgencia” una hoja de ruta con metas alcanzables y verificables que evidencie voluntad política.
Esa hoja de ruta deberá tener una mejora sustancial en erradicación de cultivos, reducción de producción y tráfico, cooperación judicial y desmantelamiento financiero de las organizaciones criminales.
“Solo así el país podrá solicitar la reconsideración de la designación en el próximo ciclo y sostener la asistencia dentro del interés nacional de los Estados Unidos”, dice la cámara.
En ese sentido, AmCham Colombia invitó al Gobierno de los Estados Unidos a reconocer los avances en interdicción e incautaciones y a considerar el anuncio de retomar la aspersión, cuando proceda y bajo las salvaguardas de la Corte Constitucional, complementada con desarrollo alternativo y presencia integral del Estado.
“Estas señales deben contribuir a evitar medidas que afecten comercio, turismo e inversión entre ambos países”, dice el gremio.
Actuar con rapidez, clave para recertificación
AmCham Colombia destacó que Colombia ha librado esta batalla con un alto costo en vidas. Por lo anterior, consideró que “es momento de redoblar esfuerzos para traducir ese sacrificio en resultados concretos y en el debilitamiento efectivo de las estructuras del narcotráfico y toda su cadena”.
De igual manera, destacó que hay una oportunidad real de reconsideración, “pero el país debe actuar con rapidez y rigor. De no hacerlo, podrían activarse restricciones adicionales de asistencia y votos adversos en banca multilateral, aumentar el riesgo país y encarecer el crédito, con efectos directos en empleo, inversión y bienestar de los colombianos, además de prolongar la inseguridad en los territorios”.
Asobancaria destacó esfuerzos contra delitos
Sobre el efecto que pueda tener en el sistema financiero, Asobancaria expresó, tras conocerse la descertificación, que este se ha distinguido por su “firme compromiso en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”, lo que ha posicionado al país como referente regional en esta materia.
Además, se destacó que desde la asociación “no se han escatimado esfuerzos para robustecer los mecanismos y medidas” orientados a prevenir y mitigar los riesgos asociados a las finanzas criminales.
Esto ha implicado varios puntos, como la promoción de espacios de diálogo con autoridades estadounidenses y la coordinación de iniciativas para fortalecer la normativa frente a estos delitos.
En relación con el futuro del estatus nacional, Asobancaria afirmó que “el periodo de espera de 12 meses para la implementación de las sanciones abre una importante ventana de oportunidad para desarrollar las acciones que lleven a una reconsideración de la descertificación”.
