Colombia atraviesa un momento decisivo en materia energética: el país logró en las últimas décadas consolidar un sistema de energía eléctrica confiable, con una matriz diversificada y con una resiliencia que permitió superar fenómenos como El Niño sin apagones de gran magnitud; sin embargo, esa fortaleza hoy está bajo presión.
Atrasos en proyectos, conflictos sociales, incertidumbre regulatoria y riesgos de desabastecimiento de gas natural han encendido las alarmas: ese fue el eje central del llamado que hizo Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), durante el 12° Foro Energético del gremio.
En un discurso cargado de advertencias, el dirigente aseguró que Colombia está “jugando con fuego” si no toma medidas urgentes para asegurar la expansión de la infraestructura y el ingreso oportuno de nuevos proyectos de generación.
Atrasos que comprometen la confiabilidad de la energía en Colombia
De acuerdo con las cifras presentadas por Andeg, solo el 28 % de la capacidad de generación adjudicada en los últimos cinco años ha entrado en operación.
En transmisión, el panorama es aún más complejo: 143 proyectos dependen de obras de expansión, pero diez de ellos concentran más de 2,5 gigavatios bloqueados.
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Esto significa que, pese a tener proyectos listos para producir, la energía no puede entregarse al sistema por falta de redes.
“Es como tener carros parqueados en la salida de un túnel, listos para arrancar, pero con el camino bloqueado”, graficó Castañeda.
La situación se agrava con la conflictividad social y las demoras en los trámites ambientales. Según el dirigente, en lugar de resolverse, estos cuellos de botella se han agudizado. “Colombia necesita una política energética que articule autoridades ambientales, territoriales, comunidades y empresas. Si no, cada proyecto se convertirá en una carrera de obstáculos imposible de superar”.
Las proyecciones de Andeg muestran que, entre 2025 y 2027, Colombia estará “ras con bola” frente a la demanda. Esto implica que no habrá márgenes de reserva suficientes para cubrir fallas o picos de consumo. “Cuando un sistema opera sin colchón, cualquier falla lo puede tumbar. Y aquí estamos llegando a ese límite”, advirtió Castañeda.
El mayor desafío se concentra en las horas de la tarde y la noche, entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., cuando la demanda se dispara y las renovables no siempre aportan energía. Para cubrir esos picos se necesita que entren a operar simultáneamente las plantas hidráulicas y térmicas del país, lo cual aumenta el riesgo de fallas en cadena.
Por ello, Andeg insiste en la necesidad de convocar una nueva subasta de expansión de cargos por confiabilidad, que incluya no solo energías renovables, sino también proyectos térmicos e hidráulicos.
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En línea con el dirigente gremial, se requieren entre 2.500 y 3.000 megavatios (MW) adicionales a 2028, de los cuales al menos 700 u 800 deberían ser térmicos, por su capacidad de respaldar al sistema en momentos críticos.
Más que renovables: diversificación real
Castañeda fue enfático en que la transición energética no puede reducirse a solar y eólica. “Aquí nadie está diciendo que no se apueste a las renovables. Lo que decimos es que no podemos poner todos los huevos en la misma canasta”, subrayó.
Citó ejemplos de Europa y Estados Unidos, donde la masificación de renovables se ha acompañado con inversiones en gas, almacenamiento y tecnologías térmicas para garantizar la confiabilidad. “El futuro no se construye sobre prohibiciones, sino sobre la innovación y la diversificación. Negarse a usar combustibles hoy es un error de política pública”, agregó.
En este punto, destacó la importancia de mantener abiertas todas las opciones: hidráulica, térmica, gas, biocombustibles e incluso carbón, siempre bajo estándares de sostenibilidad y eficiencia.
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Entre tanto, otro de los apartes más críticos de la intervención de Castañeda fue la situación del gas natural en Colombia, considerado por el gremio como insumo esencial para la transición energética.
Actualmente, Colombia importa el 17% del gas que consume, y la proyección es que para 2024 el déficit supere los 230 gigavatios día. “Estamos dependiendo de la planta de regasificación de SPEC para suplir no solo la demanda térmica, sino parte de la demanda esencial del país. Eso muestra que la curva de producción nacional no se ha logrado revertir, en buena medida por la falta de nuevos contratos de exploración”, señaló.
La propuesta de Andeg pasa por:
- Firmar nuevos contratos de exploración
- Acelerar proyectos de importación de gas natural licuado (GNL) tanto en el Caribe como en el Pacífico
- Modernizar el Sistema Nacional de Transporte
- Impulsar mercados alternativos como el biometano, con reglas ágiles de comercialización
“Sin gas, la transición energética se queda sin columna vertebral”, enfatizó.
Por su parte, el experto puso sobre la mesa que el carbón, recurso abundante en Colombia, sigue estando en el centro del debate. Según Castañeda, el país tiene reservas para más de 70 años, pero ha sido marginado de las discusiones energéticas.
“El mundo consume más carbón que nunca: solo China gasta en un año lo que equivalen a todas nuestras reservas. Pretender que si Colombia deja de usarlo se salvará el planeta es una ilusión. Lo que hay que hacer es usarlo de manera responsable, con tecnologías más limpias”, defendió.
Para Andeg, dejar de lado este recurso en un momento de déficit sería una decisión más política que técnica.
De otro lado, el presidente de la Asociación se refirió al tamaño de la inversión requerida para asegurar la sostenibilidad del sistema. Si se miran los cálculos del gremio, Colombia necesita $40 billones en los próximos años:
- $18 billones para generación
- $12 billones para transmisión
- Más de $10 billones para distribución
“El Estado no tiene capacidad fiscal para asumir este esfuerzo, menos aún con un recorte presupuestal de $50 billones. Necesitamos reglas claras y confianza para que el sector privado invierta”, recalcó Castañeda.
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Gobernanza y señales de inversión
Más allá de las cifras, Andeg insistió en la importancia de la institucionalidad. “La política pública es del Gobierno, pero la regulación debe estar en cabeza de comisiones técnicas e independientes, como lo establece la Constitución. Esto no es un capricho, es un principio de buena gobernanza”, aseguró el dirigente.
El gremio considera que el segundo semestre de 2025 debe ser un punto de inflexión para definir un modelo energético que garantice seguridad de abastecimiento, estabilidad tarifaria, seguridad jurídica e inversión.
“El país necesita una hoja de ruta clara, que no cambie cada cuatro años, y que convoque a todos los actores. El futuro energético no se construye desde la improvisación, sino desde la planeación seria y compartida”, concluyó Castañeda.
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