En un congreso virtual organizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), su presidente, Mauricio Santamaría, aseguró que Colombia debe seguir avanzando en mejorar oportunidades económicas para los más afectados por el coronavirus.
De ahí que Santamaría volviera a traer al debate la propuesta de que en Colombia exista una renta básica universal para aquellos ciudadanos que han visto más afectados sus ingresos desde mediados de marzo.
“Sí a la renta básica, pero con tres condiciones: que sea el pilar de la política social (sustituya otras transferencias), que más personas naturales paguen más impuestos y que se dé una mayor formalidad laboral”.
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De acuerdo con Santamaría, los datos de desempleo (con una tasa de desocupación del orden del 21,4 % para mayo) preocupan toda vez que hay un riesgo de que los niveles de pobreza en el país sean más críticos a causa de la emergencia económica.
Sin embargo, en el Gobierno la propuesta se mueve entre el interés por ejecutarla y su descarte definitivo -por el costo fiscal extra que implicaría-. El primer anuncio lo dio el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a inicios de junio. El funcionario aseguró ante el Congreso de la República que es una iniciativa que se estudió y es atractiva.
Declaración que ha sido desmentida por sus viceministros Juan Alberto Londoño y Juan Pablo Zárate, quienes argumentan la necesidad de tener un estudio profundo que mida el impacto de una medida de esta índole, análisis que debe incluir los efectos financieros de la pandemia.
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Londoño y Zárate aseguraron que los programas adicionales a Familias en Acción, Jóvenes en Acción, o la devolución del IVA (como el de Ingreso Solidario) son una suerte de renta básica para solventar la crisis.
Lo anterior a pesar de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pidió que este tipo de medidas no sean coyunturales y se conviertan en metas estructurales.
En el evento organizado por Anif, Zárate mencionó que el doble choque en medio de la crisis (Covid-19 y bajos precios del petróleo) ponen el reto a países como Colombia de detallar muy bien sus gastos para no caer en riesgos y de esta manera limitar el margen de maniobra.
El viceministro técnico de Hacienda recordó que por eso se tomó la decisión de suspender, por dos años, el margen de déficit fiscal del Gobierno Central, para situarlo en el 8,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 -dato que sube al 9,2 % teniendo en cuenta a los gobiernos regionales-.
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