Un análisis del centro de estudios económicos ANIF sobre la regulación de la asesoría de inversión en Colombia advierte que el país presenta un significativo rezago frente a pares regionales, como México y Chile, una limitación que está impactando negativamente el desarrollo, la liquidez y la diversidad del mercado de capitales local.
La crítica principal del centro de pensamiento radica en «una puerta de entrada estrecha y poca arquitectura abierta» que rige la acreditación de los profesionales que orientan a los inversionistas en el país, haciendo referencia a que la asesoría para el mercado de capitales es una actividad estrictamente regulada.
Según ANIF, esto puede limitar la actividad en el mercado de valores, lo que explicaría que el número de inversionistas activos en renta variable en Colombia cayó aproximadamente un 30 % en 2023 respecto a 2022. El riesgo, de acuerdo con el informe, es que estas asimetrías de información «empujan parte del ahorro hacia alternativas informales o de baja sofisticación».
Las licencias para asesorar en Colombia se otorgan exclusivamente a entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y a profesionales que actúan a través de dichas entidades, quienes deben estar inscritos en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores y contar con la certificación del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV).
Aunque existe la modalidad de «asesoría independiente» dentro del marco normativo colombiano, esta se maneja como una caracterización para la forma en que una firma presta sus servicios y no como una vía para incluir nuevos actores. De hecho, esta modalidad, según ANIF, impone requisitos difíciles de cumplir, como suministrar asesoría de productos del mercado relevante más allá de los propios o los de entidades vinculadas, y no recibir beneficios de terceros.
Esto llevó al centro de estudios económicos a asegurar que, en la práctica, la independencia de los asesores en Colombia es solo una modalidad interna que suele ser complementaria a negocios como intermediación o pensiones y que está concentrada en las entidades vigiladas. Además, como los asesores suelen estar vinculados a una empresa, esto genera un alto conflicto de interés, pues recomendar productos de terceros requiere acuerdos específicos.
También cuestionó que el esquema colombiano no contempla excepciones que faciliten rutas de entrada graduales para nuevos asesores. El resultado, según el informe, es una puerta de entrada estrecha y poco flexible para nuevos prestadores y modelos de asesoría.
Esta problemática es considerada para ANIF un eje estratégico dentro del proyecto Colombia Progresa 2630, que se construyó con el propósito de definir una agenda de política pública para el próximo Gobierno (2026-2030).
El modelo flexible de otros países en la región
El panorama regulatorio es considerablemente más flexible en otros países de la región, lo que subraya el rezago colombiano, según el comentario económico más reciente de ANIF.
En México, además de los registros necesarios, existe una categoría de asesor de inversiones independiente, aplicable tanto a personas naturales como jurídicas. Para utilizar esta denominación, los interesados deben cumplir con reglas de neutralidad estructural frente a las entidades. Adicionalmente, se contempla unas excepciones bajo las cuales no es necesario registrarse.
Chile también destaca por su estructura flexible. Además del camino estándar, se han implementado alivios que buscan reducir la carga regulatoria cuando el riesgo es menor. Por ejemplo, una persona natural puede inscribirse sin necesidad de constituir una sociedad, siempre que atienda un máximo de 100.000 clientes en un período de 12 meses, entre otros requisitos. Esta flexibilidad permite que coexistan asesores independientes y aquellos que operan desde entidades ya fiscalizadas.
ANIF señaló que el resultado directo de la regulación en Colombia es la limitación de la competencia: «menos diversidad de productos recomendados, costos de asesoría relativamente más altos por falta de escala y rivalidad, menor rotación y liquidez en ciertos segmentos, lo que a su vez limita la profundidad del mercado y la formación de precios».
El centro de estudios concluyó que las consecuencias del rezago regulatorio se extienden al desarrollo general del mercado de capitales, traduciéndose en menos diversidad de productos recomendados, menor rotación y liquidez en ciertos segmentos, y un freno a la innovación al no ofrecer rutas proporcionales de entrada.
Ante este panorama, ANIF, a través de su equipo de Investigaciones, recomendó evaluar la figura del asesor independiente, sea persona natural o jurídica, asegurando una adecuada gestión y administración de los conflictos de interés.
También considera clave establecer obligaciones regulatorias que crezcan de acuerdo con el riesgo y el alcance de la asesoría. Esto permitiría que asesores de alcance acotado o dirigidos solo a inversionistas calificados cumplan obligaciones razonables.
Incluso sugiere analizar la adopción de licencias modulares, lo cual reduce barreras de entrada, aclara la independencia del asesor y alinea los requisitos con el riesgo específico de cada actividad.
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