En el marco del proceso de insolvencia transfronteriza que adelanta Canacol, la Superintendencia de Sociedades informó que un juez concursal reconoció las órdenes emitidas por el Tribunal del Banco del Rey de Alberta, Calgary (Canadá) en los términos del Título III de la Ley 1116 de 2006 (régimen de insolvencia empresarial en Colombia). En otras palabras, se respaldó que estas van en línea con el ordenamiento juridico colombiano.
De acuerdo con la SuperSociedades, el despacho autorizó la constitución de una garantía de primer orden a favor de los financiadores del crédito postconcursal (DIP), destinada a asegurar la continuidad operativa de las compañías que hacen parte de este grupo y la protección del valor empresarial.
Dicho financiamiento, que corresponde a un monto aproximado de US$67 millones, fue considerado por el tribunal extranjero como la única alternativa viable para evitar la parálisis del negocio ante la crisis de liquidez que atraviesa.
La entidad señaló que el análisis efectuado por el juez permitió establecer que los activos localizados en Colombia ascienden a cerca de US$1.892 millones. Esta cifra sería suficiente para garantizar tanto las obligaciones con los financiadores DIP como aquellas previamente otorgadas a favor de otros acreedores garantizados.
Además, explicó que esta nueva garantía no genera un perjuicio material para el acreedor garantizado existente, puesto que este conserva protección razonable conforme a los estándares de la Ley Modelo de Uncitral sobre Insolvencia Transfronteriza.
“De conformidad con los artículos 91 y 93 de la Ley 1116 de 2006, el Despacho precisó que las medidas reconocidas deben evaluarse bajo un estándar de orden público de aplicación estricta y conforme a la interpretación internacional que exige la Ley Modelo de Uncritral. En ese marco, se verificó que la orden extranjera no resulta manifiestamente contraria a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico colombiano”, señaló la Superintendencía.
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De igual forma, señaló que las medidas adoptadas apuntan a asegurar la operatividad de la empresa y permiten que los acreedores mantengan una expectativa real de pago dentro de un proceso ordenado y coordinado a nivel transfronterizo.
La SuperSociedades también informó que, en las órdenes proferidas, el despacho ordenó a Macquarie Bank Ltd. y a Credicorp Capital Fiduciaria S.A. proceder con la modificación registral de la garantía existente para reflejar su prelación en segundo grado, de conformidad con la decisión adoptada.
Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó que “la orden extranjera y la autorización de la garantía prioritaria responden a la necesidad de preservar la empresa en funcionamiento, proteger el crédito y garantizar la estabilidad económica en sectores estratégicos como el suministro de gas natural”.
Escobar añadió que la entidad continuará haciendo un seguimiento del proceso para que dichas medidas salvaguarden los intereses de todos los acreedores y se mantengan dentro del marco del orden público colombiano.
Cabe recordar que la compañía energética inició un proceso de reorganización con la finalidad de obtener liquidez y evitar procesos de ejecución o embargos de activos mientras avanza su reestructuración. Al ser un proceso transnacional, este enfrenta aprobaciones judiciales tanto en Canadá como en Colombia.
En el caso del territorio nacional, en la lista aparecen las filiales: Canacol Energy Colombia S.A.S., CNE Oil & Gas S.A.S., Cantana Energy Sucursal Colombia y Cneog Colombia Sucursal Colombia.
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