Desde este sábado 31 de enero comienza a regir la prohibición de la contratación directa en todas las entidades públicas del país, como parte de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.
Este marco normativo está diseñado para blindar el uso de los recursos públicos durante los periodos preelectorales y electorales y garantizar la igualdad de condiciones entre partidos y candidatos.
La Ley de Garantías es un conjunto de reglas especiales que entra en vigor antes de los procesos electorales con el objetivo de evitar que el Gobierno y las entidades del Estado utilicen el presupuesto público para influir en el resultado de las elecciones.
La restricción aplica a todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como a las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, los entes universitarios autónomos, los fondos mixtos y demás entidades exceptuadas, que desde esta fecha no podrán acudir a la contratación directa salvo.
Excepciones y alertas
Durante el periodo de garantías, las entidades públicas tienen prohibido celebrar nuevos contratos, salvo excepciones estrictamente definidas, como aquellos indispensables para garantizar la continuidad de servicios públicos esenciales —salud, educación o seguridad—, atender emergencias o calamidades declaradas, o dar continuidad a contratos previamente firmados.
La norma también impone restricciones sobre la nómina estatal, al impedir la creación de nuevos cargos, los nombramientos, traslados o ascensos injustificados y limitar los contratos de prestación de servicios.
Estas disposiciones cobijan al presidente de la República, los ministros, gobernadores, alcaldes, entidades del orden nacional y territorial, empresas del Estado y, en general, a todos los servidores públicos, quienes están obligados a mantener neutralidad política y a abstenerse de usar su cargo o los recursos oficiales con fines electorales.
Sin embargo, la entrada en vigencia de la Ley de Garantías llega en medio de fuertes cuestionamientos por la aceleración de la contratación en las semanas previas.
El representante a la Cámara Daniel Briceño denunció que entre el 1 de enero y el 28 de enero de 2026, el gobierno del presidente Gustavo Petro habría firmado 85.826 contratos de prestación de servicios, por un valor cercano a $5,1 billones. Según el congresista, en ese periodo se suscribieron en promedio 3.100 contratos diarios, justo antes de que comenzaran a operar las restricciones legales.
