En una jornada legislativa que culminó a las 3:43 a. m. de este martes 20 de octubre, la plenaria de la Cámara de Representantes acogió con 112 votos el texto aprobado horas antes por el Senado, con lo que quedó oficialmente definido el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 por un monto global de $634,9 billones.
Dado que la Cámara decidió acoger la versión del Senado, el Congreso evitó el trámite de conciliación. También superó la promulgación del presupuesto por decreto, como ocurrió en años anteriores por falta de un acuerdo, dejando la norma a un paso de la sanción presidencial de Abelardo De La Espriella.
El presupuesto definitivo, que es un 14,2 % superior al de 2026, fija las apropiaciones del Estado para el próximo año en medio de una fuerte controversia por el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento público.
La ley presupuestal contempla $393 billones para gastos de funcionamiento, $147 billones para el servicio de la deuda y $94 billones para inversión pública.
Salud encabeza las adiciones e inversión recibe impulso
El ajuste más representativo de la jornada se dio en el sector salud y protección social, pues la plenaria del Senado aprobó una adición final de $3 billones, que sumada a los $2 billones inyectados en ponencias previas, completa un refuerzo total de $5 billones para el sistema.
Estos recursos tendrán como destino prioritario garantizar la sostenibilidad del aseguramiento, aliviar la caja de la ADRES, el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el abastecimiento de medicamentos e itinerarios de atención a los pacientes.
Del mismo modo, el renglón de defensa y seguridad recibió un incremento de $6,4 billones frente al proyecto inicial del Gobierno para fortalecer las capacidades operativas y la protección territorial, mientras que para el sector de energía y subsidios se autorizó una partida de $3 billones para subsidiar las tarifas eléctricas en la región Caribe y financiar el gas social (GLP y red) ante las presiones del fenómeno de El Niño.
También en trabajo y pensiones, que alcanzó los $66,9 billones, se garantizaron $6,5 billones adicionales para cubrir las obligaciones de Colpensiones y el funcionamiento del SENA. Finalmente, en educación pública se incorporaron $100.000 millones directos para infraestructura y el reconocimiento de una brecha cercana a $700.000 millones para el funcionamiento de las universidades estatales.
En contraste, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sufrió uno de los recortes más severos del presupuesto, con una reducción acumulada de $181.000 millones en sus rubros de funcionamiento e inversión.
Por otro lado, para lograr aumentar la bolsa de inversión regional en $7,9 billones respecto a la propuesta de primer debate, el Congreso aplicó un recorte de $8,3 billones al pago de la deuda pública mediante operaciones de renegociación y reperfilamiento de vencimientos.
Del total de la inversión aprobada ($94,8 billones), aproximadamente $68 billones irán directamente a las regiones.
Vale la pena recordar que el texto aprobado impone un programa de austeridad y eficiencia del gasto obligatorio que busca recortar al menos un 3 % en gastos no esenciales (contratos de prestación de servicios, viáticos, tiquetes y publicidad). Además, obliga al Ministerio de Hacienda a presentar informes trimestrales sobre la disponibilidad de caja y la ejecución de los recursos asignados a la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto.
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