Casi mes y medio después de que el presidente Iván Duque radicara en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo (PND), hoy arranca en firme la discusión de la hoja de ruta del próximo cuatrienio en las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado. Según el cronograma del Departamento Nacional de Planeación (DNP), los congresistas tendrán hasta el próximo sábado para aprobar dicha iniciativa legislativa antes de pasar a plenarias y dar el visto bueno final del proyecto antes del próximo 7 de mayo.
Luego de evacuar las más de 2.500 proposiciones que llegaron al Legislativo, se radicó ayer la ponencia para primer debate del también denominado ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, que incluyó a última hora en el articulado propuestas como la del cobro de una sobretasa de $4 por kilovatio hora a las personas de los estratos 4, 5 y 6 en todo el país.
“Este esfuerzo serviría para solucionar la crisis de energía del Caribe. Desde hace dos años, Electricaribe fue intervenida porque la empresa que la manejaba no cumplió con sus responsabilidades y, por ello, es necesario tener un nuevo operador que garantice eficiencia y calidad. Esta sobretasa apoyará el financiamiento, el pago de obligaciones, la realización de inversiones y garantizara la continuidad del servicio”, explicó la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, coordinadora ponente del PND.
Además, entre los artículos que se adicionaron también está el que deja claro que las cuentas de ahorro para el fomento a la construcción (AFC) y las pensiones voluntarias mantienen el beneficio de rentas exentas. Esto se dio debido a un error que quedó en la Ley de Financiamiento y que el Ministerio de Hacienda quiso remediar a través del Plan.
Por otro lado, entre los artículos que se cayeron finalmente de la ponencia están algunos como el del desmonte de los subsidios de energía para el estrato 3, el del cambio en la base de cotización a la seguridad social de los trabajadores independientes y el del impuesto al consumo a los licores.
Los tres fueron criticados inicialmente por diferentes sectores de la economía. El primero de ellos, el 179, pretendía que las personas de estrato 3 no recibirían esta subvención, al igual que ocurre actualmente con las que pertenecen al 4. Sin embargo, la polémica generada fue tanta que el propio presidente Iván Duque prometió justo al inicio de la discusión que sacaría del Plan este artículo.
“Se llegó a la conclusión de que se revisará la focalización de este tipo de subsidio porque el estimado del Gobierno es que en el estrato 3 casi 50% está desenfocado. Lo que se pretende es que los subsidios lleguen realmente a las personas que lo necesitan, esta es una de las bases del Plan”, indicó el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez.
Igualmente, se sacó de la ponencia el artículo 140 que contemplaba que el ingreso de la base de cotización de los independientes pasaría de ser como mínimo 40% a 55% del valor pagado, una ampliación que según los expertos generaba un aumento en los aportes de la seguridad social de este grupo de la población.
También los departamentos consiguieron ganar la pelea al lograr la exclusión de otro de los artículos más polémicos del Plan, el 148, que pretendía cambiar la tarifa del impuesto al consumo a los licores, aperitivos y similares. Esta propuesta fue una de las más debatidas y dividió durante unos meses a las licoreras departamentales y a los importadores de bebidas alcohólicas.
En este, se planteaba la posibilidad de eliminar el impuesto ad valorem de 20% para vinos y 25% para destilados y que el tributo específico se aumentara de $220 a $500 por grado de alcohol para licores y de $150 a $350 para vinos y aperitivos.
Ello significaba que se aplicaría una tarifa única, lo que según la Federación Nacional de Departamentos (FND), implicaba que los licores que tienen un menor precio de venta como el aguardiente iban a tener que pagar más impuestos, mientras que a los importados, como whiskys, vodkas y tequilas, se les disminuía el aporte que realiza al Estado.
Otros de los artículos que se quedaron por fuera de la ponencia del Plan fueron el que pretendía tumbar la ley ‘Cero intereses en créditos del Icetex’ para los estratos uno, dos y tres priorizados en el Sisbén; el 119 con el que el Gobierno iba a establecer un mecanismo de cobertura para cubrir el riesgo del incremento que podrían tener las pensiones cuando el aumento del salario mínimo fuera superior a la inflación; y el que estaba encaminado a eliminar la protección y delimitación de los páramos.
Por su parte, al cierre de esta edición los congresistas seguían debatiendo la continuidad de dos de los artículos más polémicos: el 35 que establece pasar el presupuesto de inversión de Planeación Nacional al Ministerio de Hacienda y el 181, que le entrega facultades extraordinarias al Presidente por seis meses para modificar el Estado.
“El 35 tiene menos ambiente y, de momento, está como constancia, lo que implica que podría revivir en el debate. El de las facultades estaría incluido en la ponencia en una versión menos agresiva”, dijo la representante a la Cámara de Alianza Verde, Catalina Ortiz.
Los cambios que trae la ponencia del Plan
El Partido Verde firmó una ponencia negativa al proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Se incluyen temas dramáticos en medio ambiente, en paz, en pensiones… en las que no estamos de acuerdo”, explicó la representante Ortiz.
Además, la representante del partido por el Valle del Cauca explicó que tampoco les parece bien que se le quite facultades al Departamento Nacional de Planeación y la falta de enfoque y claridad en la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.
La ponencia completa se puede descargar aquí.
