La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) denunció que un artículo del Plan Nacional de Desarrollo es un “orangután” que afectaría la sostenibilidad del sistema pensional en Colombia.
Se trata del ahora artículo 84 (antes 303) el cual dice que a los afiliados al sistema de pensiones que no hubieran contado con la doble asesoría por parte de Colpensiones o por parte de las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), para tomar la decisión sobre su traslado en los términos de la Ley 797 de 2003; quienes, siendo mayor de 50 años, si es mujer o mayor de 52 años si es hombre y que habiendo cotizado 750 semanas o más, se permite el traslado a Colpensiones o a la AFP antes de los próximos cuatro meses a partir de la expedición de la presente Ley.
Para Asofondos, esos traslados le costarían al Estado $50 billones, con los cuales se podría sacar de la pobreza extrema, de forma vitalicia, a 1,7 millones de ancianos que hoy están totalmente desprotegidos.
“Esta es la típica iniciativa de Robin Hood al revés, en la que los más pobres y el grueso de colombianos terminaría sacrificado, pagando $50 billones en subsidios para pagar las pensiones de solo 170.000 personas de altos ingresos”, advirtió Santiago Montenegro, presidente de Asofondos tras analizar los efectos que tendría el artículo en cuestión.
Según estimaciones del gremio, el perfil de las personas a quienes principalmente impactaría la propuesta, es a un grupo de trabajadores con ingresos que oscilan entre cuatro y 25 salarios mínimos, con estabilidad laboral, 1.300 semanas cotizadas, en promedio, y edades superiores a los 53 años.
“En ese grupo se encuentran personas de altos ingresos, es decir, principalmente gente que no necesita que se les subsidien sus pensiones”, explicó Montenegro.
Adicionalmente, se espera que cerca de 36.000 personas que se trasladen y no alcanzarán a cumplir los requisitos para pensionarse en el régimen de prima media, por lo que la norma es una “trampa” para los trabajadores colombianos que tienen menor estabilidad laboral.
El análisis de Asofondos también muestra que de ser aprobado este “mico”, se afectaría el ahorro en el país, se dispararía el gasto público (y de forma mal focalizada), y “de hecho, no aumentaría la cobertura pensional, que es uno de los principales objetivos de una buena reforma de protección a la vejez”, aseguró Montenegro.
