Un ajuste en las condiciones laborales de los servidores públicos en Colombia avanza en el Congreso de la República. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que propone modificar la jornada laboral en el sector estatal, con el propósito de equipararla progresivamente a la del sector privado.
La iniciativa, presentada por la representante María Fernanda Carrascal, plantea una reducción gradual del tiempo de trabajo para quienes prestan sus servicios en entidades públicas. El objetivo central es avanzar hacia condiciones más equilibradas frente a las que rigen actualmente en el ámbito empresarial, donde ya está definida una disminución de la jornada semanal que llegará a 42 horas en junio de 2026.
De acuerdo con el contenido del proyecto, en la actualidad persiste una diferencia entre ambos sectores, ya que en el sector público continúan vigentes esquemas de trabajo más extensos. En ese sentido, la propuesta busca cerrar esta brecha mediante un proceso escalonado que permita una transición ordenada. Para la mayoría de los empleados públicos, la reducción se daría inicialmente de 44 a 43 horas semanales y, posteriormente, a 42 horas, en dos fases consecutivas. Esta medida cobijaría a funcionarios de ministerios, superintendencias y otras entidades del orden nacional.
El proyecto también contempla un tratamiento diferenciado para los trabajadores oficiales, es decir, aquellos vinculados a actividades relacionadas con obras públicas, empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta. En estos casos, la disminución de la jornada sería más amplia, al pasar de 48 a 42 horas semanales. La implementación se realizaría en cuatro etapas, con el fin de facilitar la adaptación tanto de las entidades como de los trabajadores a las nuevas condiciones.
¿A qué trabajadores públicos no les aplicaría la medida?
No obstante, la iniciativa establece excepciones específicas. Quedarían por fuera de esta regulación los cargos de dirección, manejo y alta responsabilidad, como ministros, alcaldes, gobernadores, congresistas y el presidente de la República, así como algunos roles de asesoría estratégica. La exclusión se fundamenta en la naturaleza de sus funciones, que exige disponibilidad permanente y horarios flexibles.
Recomendado: Gobierno Petro emitió documento clave para que miles de trabajadores tengan jornada laboral de 30 horas
Un aspecto clave del proyecto es que la reducción de la jornada laboral no implicaría disminuciones salariales ni afectaciones a los derechos adquiridos. Según lo expuesto por la congresista, la intención es garantizar condiciones laborales más equitativas sin generar retrocesos en las garantías existentes, al tiempo que se promueve un balance más adecuado entre la vida personal y el trabajo en el sector público.
