La denominada ventana pensional llegó oficialmente a su fin el 16 de julio, cerrando un mecanismo excepcional que, por primera vez en más de dos décadas, permitió a miles de colombianos próximos a pensionarse volver a elegir entre permanecer en un fondo privado o trasladarse a Colpensiones.
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Aunque el plazo ya venció, el cierre de esta etapa no significa que el debate haya terminado: ahora comienzan las definiciones sobre los recursos de quienes cambiaron de régimen y continúan pendientes las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre aspectos clave de la reforma pensional.
Durante dos años, esta figura permitió que personas que, bajo las reglas tradicionales del sistema pensional, ya no podían cambiar de régimen recuperaran esa posibilidad de manera excepcional.
El beneficio fue creado por el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional impulsada por el Gobierno, y estuvo dirigido únicamente a quienes estaban próximos a cumplir la edad para pensionarse y reunían requisitos específicos de edad, semanas cotizadas y tiempo restante para acceder a la pensión.
En concreto, pudieron acogerse las mujeres de 47 años o más con al menos 750 semanas cotizadas y los hombres de 52 años o más con 900 semanas o más, siempre que estuvieran a menos de diez años de alcanzar la edad de jubilación.
Además, la ley exigía cumplir previamente con el proceso de doble asesoría, mediante el cual el afiliado recibía orientación tanto de Colpensiones como de su fondo privado para conocer cuál régimen le ofrecía mejores condiciones antes de tomar una decisión definitiva.
¿Cuántos colombianos aprovecharon la ventana pensional?
Las cifras preliminares muestran que el mecanismo tuvo un alcance menor al esperado. Según cifras de Colpensiones reveladas por El Tiempo, 1.033.019 afiliados cumplían las condiciones para acogerse a la oportunidad de traslado. Sin embargo, con corte al 31 de mayo de 2026, únicamente 265.626 personas solicitaron la doble asesoría, equivalente al 25,7 % de los potenciales beneficiarios.
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Posteriormente, 149.745 afiliados radicaron la solicitud formal de traslado, de los cuales 148.609 fueron aprobados, es decir, apenas el 14,4 % del universo de personas habilitadas para utilizar este beneficio excepcional.
Otras 719 solicitudes fueron rechazadas, mientras 4.717 seguían en trámite y 3.141 permanecían en proceso de validación al momento del corte estadístico.
En otras palabras, cerca de ocho de cada diez personas que podían cambiar de régimen decidieron no hacerlo, ya fuera porque concluyeron que permanecer donde estaban era más conveniente o porque nunca iniciaron el procedimiento.
La mayoría de los traslados fueron hacia Colpensiones
El balance también muestra una clara tendencia en la dirección de los cambios. De acuerdo con las cifras de Colpensiones entregadas a ese medio, 137.398 afiliados se trasladaron desde los fondos privados hacia Colpensiones, mientras que 8.070 realizaron el movimiento contrario, pasando del régimen público a una administradora privada. Además, 25.572 pensionados hicieron parte del proceso de traslado.
Las cifras coinciden con las reportadas por Asofondos, que con corte al 15 de junio registró más de 272.000 solicitudes de doble asesoría y 153.392 traslados entre ambos regímenes. Según el gremio, alrededor de nueve de cada diez cambios tuvieron como destino Colpensiones.
El cierre de la ventana pensional no pone fin a la controversia
Aunque el plazo para cambiar de régimen terminó, las discusiones jurídicas alrededor de la reforma pensional continúan. Uno de los principales frentes está relacionado con los recursos correspondientes a los afiliados que ya se trasladaron a Colpensiones.
En abril de este año, el Gobierno expidió el Decreto 415 de 2026, mediante el cual ordenó que los recursos acumulados por quienes hicieron uso de la ventana de oportunidad fueran trasladados a Colpensiones, argumentando que esa entidad ya asumió el riesgo pensional de esos afiliados.
Sin embargo, Asofondos sostiene que el artículo 76 de la Ley 2381 establece que esos recursos deben permanecer administrados por los fondos privados hasta que cada afiliado consolide efectivamente su derecho a la pensión. Según el gremio, el debate involucra cerca de $25 billones, cuya destinación definitiva dependerá de una decisión del Consejo de Estado.
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A la controversia sobre los recursos se suma la revisión que adelanta la Corte Constitucional sobre la Ley 2381 de 2024 que contiene todos los detalles de la Reforma Pensional y que se deberá discutir en sala plena del alto tribunal.
