Una demanda colectiva admitida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá abrió un nuevo debate sobre la aplicación del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como 4×1.000, por parte de las entidades bancarias en Colombia.
La acción judicial fue presentada por los abogados Oscar Eduardo Aldana y Juan Pablo Naranjo, quienes argumentan que varias entidades financieras continuaron cobrando este impuesto pese a las modificaciones introducidas por la Ley 2277 de 2022.
Según la demanda, los bancos habrían incumplido la obligación de implementar un mecanismo automático que permitiera aplicar la exención del impuesto a los usuarios con movimientos inferiores a 350 UVT. Los demandantes sostienen que el sistema financiero contaba con plazo hasta diciembre de 2024 para realizar los ajustes tecnológicos necesarios y garantizar que la exención se aplicara de manera automática, sin que los clientes tuvieran que marcar una cuenta específica como exenta.
Sin embargo, la acción colectiva asegura que dicha automatización no se implementó de forma efectiva. Como consecuencia, millones de usuarios habrían continuado pagando descuentos asociados al GMF, a pesar de estar cobijados por las condiciones de exención establecidas en la normativa vigente.
El proceso judicial también señala que las entidades financieras continuaron recaudando y trasladando estos recursos a la DIAN, aun cuando la ley ya contemplaba la eliminación automática del cobro para pequeños y medianos ahorradores. De acuerdo con los abogados demandantes, el sector bancario tenía la capacidad técnica y operativa para realizar la actualización dentro de los tiempos definidos por la legislación.
¿Cómo estaría afectando el cobro del 4×1.000 a los usuarios?
Uno de los aspectos centrales de la demanda es el impacto económico que este presunto cobro indebido habría generado sobre los hogares colombianos. Información obtenida mediante derechos de petición indica que, entre finales de 2024 y mediados de 2025, el recaudo del 4×1.000 habría alcanzado los $9,2 billones. Los demandantes sostienen que una parte de esos recursos correspondería a cobros efectuados a usuarios que debían estar exentos del impuesto.
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La acción judicial expone que, aunque muchos de los descuentos realizados a cada usuario parecían mínimos de manera individual, el efecto acumulado habría tenido consecuencias directas sobre las finanzas de millones de personas. En hogares con ingresos equivalentes al salario mínimo, esos recursos representaban parte del presupuesto destinado a gastos básicos como transporte, alimentación, salud, educación y servicios públicos.
En el caso de los hogares de ingresos medios, la demanda advierte que los cobros reiterados habrían reducido la capacidad de ahorro y el margen financiero disponible para atender obligaciones cotidianas. Los abogados también sostienen que la permanencia de este esquema generó una carga económica continua para consumidores financieros que, según la ley, ya no debían asumir ese pago bajo determinadas condiciones.
