La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) lanzó una alerta en torno al denominado ‘cartel de la insolvencia’, una estructura criminal que estaría recurriendo a maniobras irregulares para facilitar el acceso indebido a este mecanismo. Esta red la integrarían grupos de abogados y centros de conciliación que promueven la evasión del pago de deudas para renegociar los pagos en el tiempo.
«Se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de insolvencia a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones con el sistema financiero, el sector real, las telcos, los proveedores, entre otros», advirtió Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.
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¿Cómo opera el cartel de la insolvencia?
La insolvencia es un instrumento establecido por la legislación colombiana que busca brindar una alternativa a quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. En el caso de las personas naturales, este proceso está consagrado en la Ley 2445 de 2025, en la que se definen los requisitos para acogerse a este régimen.
De acuerdo con el gremio, la preocupación está ligada al mal uso que se le está dando a esta figura legítima. Personas con deudas (o incluso sin ellas) son contactadas por supuestos consultores o abogados que les ofrecen la posibilidad de no pagar sus obligaciones o incluso endeudarse con ese propósito. El esquema consiste en declararse en insolvencia mientras estos asesores falsean deudas adicionales mediante empresas ficticias que ellos mismos crean, simulando acreencias para manipular el proceso y negociar en favor de esas entidades falsas, lo que termina en un fraude contra las empresas reales.
«En algunos casos, se ha identificado la creación de deudas ficticias con el propósito de cumplir requisitos y promover acuerdos que resultan lesivos para los acreedores reales. Así mismo, se ha evidenciado que algunas personas registradas como supuestos prestamistas figuran en múltiples procesos de insolvencia e incluso se encuentran privados de la libertad», aseguró el gremio.
Malagón destacó que hay tres factores comunes que se han logrado identificar: el uso de redes sociales como mecanismo de difusión, el ofrecimiento de un aspiracional y la condonación de la deuda, y la implicación de conciliaciones.
También se han detectado indicios de una coordinación sistemática entre algunos abogados y determinados centros de conciliación para instrumentalizar el trámite de insolvencia con fines ilegítimos. Además, en los últimos dos años se ha evidenciado un incremento significativo en las solicitudes, en las que se han identificado irregularidades.
Impactos en el sistema
Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, señaló que la figura de insolvencia fue creada para aquellas personas que realmente se encuentran en una situación de crisis, no para evadir el pago de obligaciones. En ese sentido, el uso indebido de la misma no solo afecta la confianza en los deudores, sino que incrementa las exigencias para el acceso al financiamiento y encarece el costo del crédito.
De la misma manera, dicha actuación se traduce en consecuencias penales y reportes en las centrales de riesgo.
Cifras de Asobancaria muestran que hace una década se registraban cerca de 400 casos de insolvencia, cifra que escaló a 20.000 el año pasado y que este año superaría los 30.000 procesos. En términos de montos, el impacto ya comprometería más de $1 billón.
En ese contexto, la agremiación viene adelantando las acciones para trazar la frontera entre las solicitudes legales e ilegales. De igual forma, hace un llamado a las autoridades competentes para fortalecer los mecanismos de control y supervisión, así como a los ciudadanos para hacer uso responsable de las herramientas legales disponibles.
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