El sector banquero criticó el deseo del gobierno del presidente Gustavo Petro de imponer un nuevo impuesto al sistema de pagos inmediatos Bre-B, el cual acaba de entrar en vigor hace apenas dos semanas.
En el Congreso Colombiano de la Construcción de Camacol, donde Valora Analitik es medio aliado, el presidente del Banco de Bogotá, Cesar Prado dijo: “Realmente, es una noticia sorprendente. Llevamos años preparando el proyecto, un sistema estratégico nacional liderado desde el Banco de la República, con plena participación del sector financiero. Las expectativas son altas: se espera que los pagos inmediatos ayuden a reducir el uso excesivo de efectivo y, con ello, la informalidad económica”.
Contó que Colombia se inspiró en Brasil, que en cinco años logró reducir el uso del efectivo del 80% al 25 %. Sin embargo, “el desespero ante la situación calamitosa de la situación fiscal del Gobierno parece llevarlo a buscar recursos de cualquier manera”.
Y agregó: “Todavía estamos en la tercera semana intentando que los colombianos conozcan y adopten estas herramientas, y ya se plantea imponer retenciones en la fuente para pagos, muchos de los cuales ni siquiera corresponden a compras, sino a simples transferencias”.
“Esto me parece una señal pésima y totalmente inoportuna. Esperaría que el Gobierno reconsidere y retire ese proyecto, o que, al menos, no lo expida”, concluyó el presidente del Banco de Bogotá.
Por otro lado, el presidente de Davivienda, Javier Suárez, también lanzó críticas a la decisión del Gobierno: “La situación fiscal es compleja y el Gobierno busca alternativas, pero el sector financiero es un blanco fácil para recaudar, como ocurre con el 4×1000. Sin embargo, esta medida iría en contra de un sistema que recién está naciendo, basado en tres principios fundamentales: operabilidad, inmediatez y gratuidad”.
Además, dijo que, si se pierde alguno de estos principios, el sistema pierde su propósito. “La importancia de estos tres elementos radica en que facilitan el movimiento del dinero, haciéndolo más fluido. Esto se traduce en un mayor volumen de negocios, especialmente para pequeños comerciantes y emprendedores. Al final, la mejor herramienta tributaria de un país es un sistema de pagos que funcione eficientemente. Grabarlo es, por lo tanto, incongruente”.
Para Suárez, lo ideal sería fortalecer esta dinámica económica, que puede convertirse en una fuente de crecimiento y, eventualmente, de recaudo.
“Los datos de Brasil lo confirman: la expansión de Pix impulsó la economía, generó ventas y apoyó a pequeños negocios. El criterio para recaudar no debería ser la facilidad, sino la conveniencia, y este no es el caso”, agregó.
El presidente de Davivienda concluyó: “Entendemos que el gobierno esté buscando recursos porque hay una necesidad imperiosa, pero el criterio no debe ser de dónde es más fácil conseguirlos, el criterio es de dónde es más conveniente obtenerlos”.
En la misma línea, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) rechazó la propuesta del Ejecutivo: “Cualquier ruta regulatoria que implique el encarecimiento de los pagos digitales es inconveniente para el desarrollo del ecosistema digital y financiero del país”.
Y agregan: “Este tipo de medidas desincentiva la adopción tecnológica, la formalización y la inclusión financiera, además de encarecer la digitalización de miles de micro y pequeñas empresas que aún no aceptan pagos digitales debido a sus altos costos fiscales”.
