La Unidad de Regulación Financiera (URF) se encuentra en medio de una profunda agitación, luego de que la presión del Gobierno para obligar a los fondos de pensiones a repatriar inversiones del exterior motivara una ola de despidos, según la agencia de noticias Bloomberg.
Varios analistas han señalado que la crisis institucional se hizo evidente con la renuncia de la directora de la URF, Mónica Higuera, la primera semana de diciembre, quien indicó que el gobierno ha tomado decisiones que no comparte, razón por la cual no podía continuar en el cargo.
Higuera fue la primera persona nombrada por el presidente Gustavo Petro para encabezar la entidad que prepara la normativa y los estudios relacionados con la reglamentación del sector financiero. De hecho, lo acompañó en campaña a la Presidencia de la República.
Tras su salida, se pidió la renuncia de cerca de 30 funcionarios de la entidad en medio de una disputa sobre si se deben restringir las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a activos únicamente locales, de acuerdo con Bloomberg.
El directorio de servidores públicos de la URF da cuenta de que la entidad se compone de 57 personas, incluyendo al director, tres subdirectores, 33 asesores, 17 profesionales, un secretario ejecutivo, un técnico administrativo y un conductor. Se trata de una de las dependencias más pequeñas del Ejecutivo.
En agosto de este año, Petro dejó ver su intención de lograr la repatriación de las inversiones que han hecho las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fuera del país en medio de la necesidad de recursos que tiene el Gobierno, con intenciones de gasto ambiciosas pero un ingreso por debajo de lo esperado.
«Le voy a exigir a los fondos privados que se llevaron el ahorro –que no es de ellos, es del pueblo trabajador a Colombia–, porque es aquí donde tiene que producir inversión y puestos de trabajo”, dijo.
Según Bloomberg, los fondos privados de pensiones tienen activos por US$140.000 millones y alrededor de $125 billones (US$33.000 millones) están invertidos fuera del país.
La iniciativa, que busca formalizarse a través de un decreto, fue anunciada por la propia Mónica Higuera antes de su renuncia, aunque a la fecha no se ha publicado el proyecto de normativa.
Varios medios revelaron que inicialmente, la Superintendencia Financiera propuso un plazo de cinco años para repatriar estos activos. Sin embargo, el Gobierno presionó para que el cambio se produjera en solo seis meses.
Según el diario Portafolio, los técnicos del Ministerio de Hacienda advirtieron que era inviable atender la instrucción, dado que implicaría deshacer posiciones en activos complejos, ilíquidos y de muy largo plazo (30 a 50 años) de manera abrupta, sin mencionar sus implicaciones en patrimonios y mercados.
Usar recursos repatriados para emitir más deuda
Valora Analitik ha hablado en las últimas semanas con expertos del mercado financiero quienes han advertido lo que podría ser parte de las intenciones del Gobierno Petro para obligar a los fondos de pensiones a traer billones de pesos al país.
De acuerdo con dos fuentes, que prefirieron no ser citadas, la decisión del Ministerio de Hacienda de exigir la celeridad en la traída de esos recursos billonarios tiene como fin aumentar la capacidad de las AFP y de otras entidades financieras para comprar deuda pública (TES) dentro de la estrategia de la Dirección de Crédito Público.
Esa entidad del Gobierno Nacional inició en el segundo semestre de este año operaciones de manejo de deuda que han representado, entre muchas otras cosas, una billonaria colocación de TES de corto plazo (TCO) que genera dudas entre analistas e inversionistas sobre lo que será su refinanciamiento en el 2026.
Asimismo, esa estrategia -liderada por el director de Crédito Público, Javier Cuéllar-, se tradujo en la monetización de alrededor de US$6.000 millones, según calculan analistas de entidades como el Banco de Bogotá.
La mayor disponibilidad de recursos en Colombia por parte de los fondos de pensiones, si es que progresa la idea del Gobierno Petro, significaría un riesgo de mercado y de liquidez por lo abrupto de los plazos para liquidar las inversiones y la pérdida de diversificación, dijeron las fuentes.
Sumado a que se verían abocados a comprar más deuda pública interna para financiar el gasto público que está desbocado, pese a los resultados de Crédito Público por mejorar el espacio fiscal mediante la reducción de los costosos intereses de esa deuda.
Advertencias de expertos y gremios
La propuesta de limitar las inversiones ha generado fuerte rechazo por parte de gremios y centros de pensamiento, quienes advirtieron sobre el impacto en el ahorro de los trabajadores.
Asofondos, la asociación que representa a los fondos de pensiones, manifestó su profunda preocupación, argumentando que limitar las posibilidades de inversión podría resultar en una reducción de las futuras mesadas de los afiliados.
El gremio defiende que la diversificación es una práctica esencial para proteger el ahorro. La estrategia actual, que combina activos locales e internacionales, ha sido calificada como exitosa y ha permitido a Colombia registrar la tasa de rentabilidad real más alta entre los miembros de la OCDE en los últimos 20 años (9,8 % anual).
En el país, los rendimientos acumulados para los afiliados superan los $370 billones, lo que representa cerca del 71 % del ahorro gestionado.
Además, Asofondos advirtió que la repatriación generaría impactos inmediatos en los mercados financieros, provocando una apreciación del tipo de cambio (revaluación del peso) y un incremento en los precios de los activos locales. La asociación recordó que el mercado colombiano carece de profundidad y liquidez para absorber flujos significativos sin afectar los precios de los activos.
El centro de estudios económicos ANIF respaldó estas alertas y coincidió en que restringir la inversión únicamente a activos locales tendría un impacto sustancial sobre el crecimiento del ahorro pensional.
En un ejercicio contrafactual, ANIF calculó que, si el ahorro pensional se hubiera invertido exclusivamente en activos locales en el pasado, sería hoy un 31 % menor, lo que implica una pérdida estimada de $145,4 billones en el valor total. Esta cifra de pérdida equivale aproximadamente al recaudo de 10 reformas tributarias promedio.
La Unidad de Regulación Financiera ya había advertido internamente que entradas de capital de ese tamaño podrían generar riesgos de mercado, de liquidez y de crédito de contraparte, y que podría afectar negativamente a los rendimientos de los ahorradores.
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