BAT Colombia advirtió que la intención del Gobierno Nacional de imponer nuevos impuestos al cigarrillo mediante el decreto de emergencia económica podría debilitar gravemente a la industria legal, afectar el recaudo de los departamentos y fortalecer el contrabando.
En un pronunciamiento emitido este 24 de diciembre, la compañía cuestionó el sustento constitucional de la medida y señaló que decisiones tributarias “improvisadas y desproporcionadas” terminan castigando a las empresas que operan dentro de la legalidad, mientras amplían el espacio para los mercados ilícitos, donde no existe control sanitario ni pago de impuestos.
BAT Colombia subrayó que la industria legal del cigarrillo opera bajo un marco regulatorio estricto que, entre otras cosas, prohíbe la promoción del consumo. Su rol —explicó— se limita a cumplir con la regulación, garantizar trazabilidad y aportar recursos fiscales. “Este tipo de decisiones no reducen el consumo, lo desplazan hacia el mercado ilegal”, advirtió la empresa.
Actualmente, el mercado formal de cigarrillos en Colombia está compuesto solo por dos compañías que cumplen plenamente con sus obligaciones tributarias. Aun así, el contrabando ya representa más del 36 % del consumo nacional y supera el 90 % en departamentos fronterizos como La Guajira. Según BAT, incrementos abruptos en la carga impositiva amplían ese fenómeno al aumentar la brecha de precios entre el producto legal e ilegal.
Las cifras fiscales son uno de los principales puntos de alerta. Solo en 2024, BAT Colombia pagó más de un $1 billón por concepto de impuesto al consumo (impoconsumo), recursos que van directamente a los departamentos. Este tributo representa el 13,1 % de los ingresos tributarios departamentales y el 43 % de los ingresos propios cuando se suman los recaudos por licores, cerveza y tabaco. Para la compañía, ajustes desproporcionados ponen en riesgo la estabilidad de estas rentas sin generar beneficios estructurales para el Presupuesto General de la Nación.
La empresa recordó que entre 2016 y 2023 el componente específico del impuesto al cigarrillo aumentó más de 500 %, mientras que la participación del mercado ilegal pasó del 13 % al 36 %. Hoy, una cajetilla legal cuesta en promedio $11.067, frente a $4.542 en el mercado ilegal, diferencia que —según el sector— se ha convertido en el principal incentivo para el contrabando.
BAT Colombia hace parte del grupo British American Tobacco, una de las mayores tabacaleras del mundo, con operación en más de 170 países. En Colombia comercializa marcas como Lucky Strike, Rothmans, Starlite y President, y es uno de los principales contribuyentes del impuesto al consumo en el país.
El pronunciamiento se da en medio del debate por la declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con la que el Ejecutivo busca expedir decretos con fuerza de ley para enfrentar presiones fiscales y evitar recortes en gasto social. Sin embargo, varios sectores empresariales han advertido que algunos de los impuestos planteados no responden a “hechos sobrevinientes”, como exige la Constitución, sino a problemas estructurales ya conocidos.
BAT reiteró la necesidad de abrir un diálogo técnico y transparente para construir una política fiscal gradual y sostenible para el cigarrillo, acompañada de una estrategia efectiva contra el contrabando. “No se trata de proteger un negocio, sino de defender la legalidad, el recaudo territorial, la seguridad y el Estado de Derecho”, concluyó la compañía.
