Más de 400 trabajadores directos, junto a sus familias y miembros de la comunidad de San Pablo de Borbur (Boyacá, Colombia), alertaron sobre la grave crisis social y económica que atraviesa la región debido a los bloqueos que han paralizado por completo la operación de la Mina Coscuez desde el pasado 30 de julio de 2025.
El cierre forzado de la actividad minera, que se prolonga ya por diez días, ha afectado la movilidad, el transporte de insumos y bienes esenciales, y ha interrumpido el sustento de cerca de 1.600 personas, sin contar a proveedores, contratistas y comercios locales que dependen de la operación.
Según estimaciones de la comunidad, las pérdidas económicas ascienden a $6.000 millones mensuales que dejan de circular en la economía regional y nacional.
Recomendado: Minera de esmeraldas, Fura Gems Coscuez, denuncia bloqueos y robos en sus operaciones
Los habitantes advierten que, más allá del impacto económico, la situación está deteriorando la convivencia y generando un clima de miedo y tensión. “Hay amenazas de que no podemos movernos ni comprar víveres en ciertos establecimientos por estar de un lado o del otro. Se respira miedo y confusión… sentimos que estamos volviendo a las épocas oscuras de antes”, expresó un miembro de la comunidad.
La mina, que en los últimos años se había convertido en símbolo de formalización laboral y superación de décadas de violencia en la zona esmeraldífera, se encuentra actualmente en riesgo de cierre definitivo. De suceder, advierten los trabajadores, la región podría regresar a un escenario de desempleo masivo, pobreza y mayor vulnerabilidad social.
En el comunicado oficial, los firmantes -trabajadores, familias, proveedores y la comunidad- hicieron un llamado directo a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a organismos humanitarios, para que intervengan de inmediato y faciliten un diálogo constructivo que permita resolver el conflicto.
Recomendado: Fura Gems Coscuez hará más exploración en Colombia e inversiones por US$100 millones
“Esta no es únicamente una crisis laboral; es una emergencia social y humanitaria que amenaza el derecho a la vida, al trabajo protegido por la ley, a la estabilidad familiar y al progreso legítimo de toda una comunidad”, señala el pronunciamiento.
El documento concluye que la petición no es solo por la reactivación económica, sino por la preservación de la paz y la esperanza en una región históricamente golpeada por la violencia.
