La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, anunció que la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) presentó una denuncia contra los representantes legales del Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), que opera el Relleno Sanitario Doña Juana. Lea más de Bogotá.
Lo anterior, por presuntos delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial.
Según la mandataria distrital, el CGR tiene $163.000 millones de los bogotanos y no ha cumplido ni con la construcción de la planta de tratamiento, ni con los estándares de tratamiento de lixiviados en el relleno Doña Juana durante cuatro años.
Agregó que “no contento con eso, CGR ha pretendido engañar a las autoridades judiciales con información falsa, dada en nuestra opinión de mala fe, para evadir su responsabilidad, seguir incumpliéndole a los bogotanos, y además ha demandado al Distrito –es decir, a los bogotanos– por aspiraciones superiores a $1 billón de manera infundada y abusiva”.
La acción judicial fue interpuesta por Luz Amanda Camacho como directora de la Uaesp ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Mauricio Bernal Marcucci, en su calidad de representante legal del consorcio, y contra todos quienes hayan actuado en representación del mismo desde 2010.
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Fundamentos de la denuncia por el relleno Doña Juana
De acuerdo con información del Distrito, los motivos de la denuncia tienen que ver con el incumplimiento del contrato de concesión 344 de 2010, porque, tras casi 12 años de haberse suscrito la obligación de tratamiento de lixiviados y de optimización de la planta (PTL) y del sistema, esto no se ha hecho.
Incluso, según la alcaldesa, está en peores condiciones de lo que fue entregada en su momento por la administración de la ciudad.
“Este es el caso de abuso y corrupción más grave que yo he descubierto en la Alcaldía desde que soy alcaldesa, ningún otro operador que yo conozca, le está haciendo semejante estafa a los bogotanos por no recibir un tratamiento de lixiviados pese a que lo seguimos pagando”, subrayó la alcaldesa López.
La mandataria solicitó a la Fiscalía General de la Nación darle celeridad a la denuncia interpuesta por la Administración Distrital. Igualmente, pidió a la Cámara de Comercio de Bogotá brindar garantías a los bogotanos sobre la designación de los jueces de los tribunales de arbitramiento.
Según la Uaesp, el consorcio ha abusado de los ingresos que ha percibido de la entidad y de los bogotanos, no cumple con el tratamiento de lixiviados, ni ha concluido la optimización del STL (Sistema de Tratamiento de Lixiviados), generando un mayor impacto ambiental sobre los ríos Tunjuelo y Bogotá, lo que afecta gravemente a los ciudadanos.
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Lo pactado en 2010 era que el operador tenía la obligación de gestionar la optimización del sistema de lixiviados y para eso ha recibido más de $163.000 millones, pero en la actualidad no existe tal resultado de lo contratado por lo que, del 100 % de los parámetros que dicta la norma, el operador cumple apenas con cerca de 50 %.
De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, se deduce que el incumplimiento de estas obligaciones guarda relación directa con la sentencia proferida el 28 de marzo de 2014 por el Consejo de Estado respecto a la catástrofe ecológica del Río Bogotá y la contaminación de los ríos y quebradas afluentes a este.
La denuncia precisa, además, que por la conducta del concesionario no se ha podido satisfacer la necesidad advertida por la Uaesp en el contrato y, contrario a ello, se está realizando un vertimiento ineficiente e ilegal de los residuos al río Tunjuelo.
Se advierte que la conducta omisiva del consorcio frente al cumplimiento de sus obligaciones implica que los costos de inversión necesarios para la optimización del sistema asciendan a más de $110.000 millones, que serían inferiores si las sumas canceladas se hubieran destinado a la satisfacción de las obligaciones contractuales.
En cuanto al delito de fraude a resolución judicial, la obligación corresponde a las órdenes y condenas que se impusieron al consorcio en el laudo arbitral proferido el 27 de septiembre de 2018 que quedó ejecutoriado el 11 de octubre del mismo año. A pesar de que el Tribunal fijó un período de tiempo no se ha cumplido con ninguna de ellas.
En línea con la denuncia, el consorcio no ha cumplido su obligación de optimización del STL, fijada por el Tribunal de Arbitraje en el laudo fallado en el 2018 que puso fin a la controversia planteada por las partes. “No puede concebirse que una obligación que debía cumplirse en un término de tres meses no haya sido satisfecha tras casi cuatro años de su imposición”, establece el documento.
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Por su parte, respecto del delito de fraude procesal, el Distrito considera que se configuró a partir de un medio fraudulento por sus afirmaciones mentirosas, tendenciosas, convenientes y sesgadas con lo que el representante legal pretendió hacer incurrir en error a la magistrada con la finalidad de obtener, como medida preventiva, la suspensión del POT como provecho ilícito a su favor en el marco del ya referido incidente de desacato.
“Asimismo, pretenda aducir la existencia de estudios relacionados con la factibilidad de la propuesta incluida en Plan de Ordenamiento Territorial (POT), cuando, después de cuatro años, no ha presentado los estudios de diseño requeridos para la optimización del Sistema de Tratamiento de Lixiviados que le corresponde como obligación contractual y judicial impuesta por el Tribunal de Arbitraje”, destacó la administración Distrital.
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