Después de más de dos décadas de litigio, el Consejo de Estado resolvió una de las disputas jurídicas más prolongadas entre la Federación Colombiana de Municipios y la Alcaldía de Bogotá, fallando en segunda instancia a favor del Distrito.
La decisión libera a la capital del pago de más de $492.000 millones que la Federación reclamaba como comisión por el 10 % de los recursos provenientes de multas e infracciones de tránsito.
El alto tribunal confirmó que Bogotá no está obligada a transferir esos recursos, al no hacer parte del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), administrado por la Federación.
Según el fallo, la ciudad gestiona y recauda directamente las sanciones, sin intervención de este sistema, por lo que Fedemunicipios no prestó ningún servicio que justificara ese cobro.
La decisión del máximo juez la de administración pública negó las pretensiones de Fedemunicipios por la falta de pruebas frente al supuesto daño antijurídico generado e igualmente, confirmó las sanciones y el pago de los costos que tuvo que asumir el Distrito durante el litigio jurídico.
El alcalde Carlos Fernando Galán celebró la decisión y destacó el trabajo de los equipos jurídicos de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría General:
“Es un fallo histórico que reafirma la autonomía de Bogotá sobre sus recursos y respalda la correcta gestión de las multas de tránsito”.
El fallo no solo representa un importante alivio financiero, sino que garantiza la permanencia de recursos fundamentales para proyectos de movilidad, seguridad vial e infraestructura urbana. Además, el Tribunal declaró que el reclamo sobre los recursos entre 2002 y 2015 ya había caducado, pues se presentó fuera del plazo legal permitido. Como resultado, no solo se desestimó la demanda, sino que se ordenó a la federación pagar al Distrito.
