La forma de arrendar un apartamento o una casa en Colombia tendrá un cambio importante: aunque la prohibición ya está contemplada en la leyv, los arrendatarios podrán presentar quejas formales cuando se exijan depósitos indebidos, lo que podría acarrear sanciones económicas severas para los propietarios o las inmobiliarias.
Al momento de tomar un inmueble en arriendo, ya sea directamente con el propietario o a través de una inmobiliaria, es habitual que se soliciten una serie de requisitos. Entre ellos, en varias ocasiones, figura la petición de un depósito o suma adicional como condición para celebrar el contrato. Sin embargo, esta práctica está expresamente prohibida por la normativa vigente en materia de arrendamientos urbanos. Cuando un inquilino denuncia el cobro de depósitos u otras exigencias económicas no permitidas, el propietario o la inmobiliaria se expone a investigaciones administrativas y a multas que pueden ser cuantiosas.
Si un arrendatario presenta la queja ante la alcaldía municipal u otra autoridad competente, dichas entidades pueden iniciar una investigación administrativa. De comprobarse el cobro irregular de depósitos, la sanción puede variar según la naturaleza y la cuantía del cobro; en casos graves, la multa podría alcanzar hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme a lo previsto en la normativa que regula la materia.
¿Por qué está prohibido hacer cobros de depósitos?
Es importante subrayar que, al suscribir un contrato de arrendamiento, no es legal exigir pagos adicionales distintos de los estipulados en la ley y en el propio contrato. Esta restricción tiene como objetivo evitar abusos y proteger al arrendatario frente a cobros arbitrarios. Por ello, el contrato debe reflejar con claridad todas las condiciones económicas pactadas, sin incluir cláusulas que impliquen depósitos o retenciones no autorizadas.
Recomendado: Arrendatarios podrán denunciar a dueños del predio por práctica ilegal que se ha vuelto común
Para prevenir conflictos y posibles sanciones, conviene que el documento de arrendamiento esté bien redactado y contenga de manera explícita los derechos y deberes de ambas partes. El contrato debe indicar con precisión el canon de arrendamiento, la forma y fechas de pago, las responsabilidades sobre servicios y mantenimiento, la duración del contrato y las condiciones de terminación. Además, siempre es recomendable que el arrendatario conserve copias firmadas del contrato y de cualquier recibo o comprobante de pago que se efectúe durante la vigencia del mismo.
Tanto propietarios como inmobiliarias deben informarse sobre la normativa aplicable y revisar sus prácticas contractuales para evitar infracciones. Los propietarios que desconocen la prohibición pueden —en algunos casos— subsanar la situación ajustando sus procedimientos; en cambio, quienes insisten en exigir depósitos o cobros indebidos se arriesgan a sanciones administrativas y a acciones civil-mercantiles por parte de los inquilinos.
Del mismo modo, los arrendatarios deben conocer sus derechos y los mecanismos de defensa disponibles. Si consideran que se les está exigiendo un pago no autorizado, pueden elevar la queja ante la alcaldía del municipio correspondiente, ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando aplique, o acudir a asesoría legal para valorar medidas adicionales.
